Honduras sigue siendo un país donde todavía una importante parte de la población no tiene acceso a la energía eléctrica, siendo parte de los derechos básicos permanentemente violentados de una población vulnerabilizada.
Es importante mencionar que, en Honduras, solo el 75 % de la población cuenta con acceso al servicio de energía, el número más bajo de Centroamérica. De 298 municipios, 31 tienen menos del 50% de obertura eléctrica y más de 300 mil hondureños no cuentan con acceso a la energía.
Esta situación abona a la migración, el descontento y el estancamiento sociales, personal y familiar.
El 11 de mayo, durante una sesión, el Poder Legislativo aprobó por mayoría de votos, la ley energética impulsada por el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo ha sido declarar un bien público y un derecho humano a la energía eléctrica.
Desde varios sectores consideran que desde el Poder Ejecutivo deben impulsarse varios cambios para reducir esa brecha como mayor inversión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tecnificar el sistema y priorizar el presupuesto asignado a este rubro.
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) aplauden las pretensiones desde el gobierno actual de que la energía sea un bien público, pero también sugieren que se de respuestas al abonado que en un 90 % es puntual con sus pagos a la ENEE, licitaciones serias y bajo normativas correctas y capacidades técnicas que no se confundan con las políticas.
Asimismo, invitan sacar de la crisis a la ENEE, devolver al abonado un servicio eficiente, inyección de capital bien administrativo y armonía entre todos los sectores involucrados.
