Fuertes protecciones comerciales y de inversión en virtud del CAFTA-DR
Una ubicación estratégica cerca de los mercados estadounidenses con un puerto de aguas profundas.
Una rica dotación de recursos naturales
Una posición macroeconómica generalmente sólida respaldada por el progreso continuo del programa del país con el FMI y
Una fuerza laboral amplia y competitiva en costos con un grupo de trabajadores calificados.
Más de 200 empresas estadounidenses operan en Honduras en sectores como la manufactura, los textiles y los autopartes. Tras las elecciones generales de noviembre de 2025, el gobierno del presidente Nasry Asfura ha manifestado una política favorable a las empresas, haciendo hincapié en la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Los inversionistas recibieron con agrado las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Asfura para brindar mayor seguridad jurídica y regulatoria, incluyendo el inicio del proceso para reincorporarse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, la renovación del Régimen Temporal de Importaciones y la promulgación de una nueva ley de empleo a tiempo parcial.
Los desafíos estructurales siguen limitando el clima de inversión, entre ellos:
Aplicación y cumplimiento inconsistentes de las políticas e incentivos fiscales.
Continúan las disputas territoriales
Altos costos de electricidad y suministro poco fiable
Preocupaciones relacionadas con la delincuencia y la seguridad
Corrupción
Brechas en la educación de la fuerza laboral y
Infraestructura de transporte y logística deficiente
La Constitución hondureña establece que los tratados ratificados se consideran automáticamente derecho interno y, en caso de conflicto con la legislación vigente, prevalecen sobre las leyes nacionales. Asimismo, estipula que toda inversión extranjera debe complementar, y no sustituir, la inversión nacional. La Ley de 2011 garantiza el trato nacional y el trato de nación más favorecida a los inversionistas estadounidenses en la mayoría de los sectores de la economía hondureña e incluye disposiciones que facilitan el acceso a seguros y arbitraje para inversionistas nacionales y extranjeros.
Sin embargo, ninguna de estas entidades tiene amplia autoridad para agilizar los proyectos de inversión extranjera, lo que obliga a las empresas a lidiar con múltiples ministerios gubernamentales con mandatos superpuestos. Los críticos señalan que la superposición de responsabilidades y la falta de claridad en los mandatos de estas entidades obstaculizan los esfuerzos para promover a Honduras como un destino atractivo para la inversión extranjera. Algunos funcionarios han propuesto la creación de un organismo de política comercial más centralizado para mejorar la coordinación en las negociaciones comerciales y la política económica externa. Cualquier reforma requerirá la aprobación del Congreso hondureño. El gobierno de Asfura ha priorizado la atracción de inversión extranjera mediante medidas específicas para aumentar la flexibilidad laboral y agilizar el acceso a divisas.
El gobierno de Asfura reafirmó su compromiso con el programa del FMI, iniciado en 2023 mediante acuerdos de Servicio Ampliado de Crédito y Servicio Ampliado del Fondo. En mayo de 2026, el FMI anunció que había alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre la cuarta y quinta revisión conjuntas del programa. El FMI destacó la continua estabilidad macroeconómica y subrayó la importancia de impulsar reformas en materia de gobernanza, transparencia y el sector energético.
Los inversores internacionales señalan que ciertas políticas históricamente han hecho que el clima de inversión en Honduras sea menos atractivo, aunque la percepción mejoró tras la toma de posesión del gobierno de Asfura el 27 de enero de 2026. Una preocupación recurrente es la ley de electricidad de mayo de 2022, que, según los productores de energía, podría permitir la expropiación de inversiones si no se renegocian los contratos de compra de energía. En agosto de 2026, Honduras aprobó una ley que derogó esas disposiciones controvertidas y estableció un nuevo marco legal para el sector eléctrico.
