Este martes se reanudó la audiencia inicial en el proceso judicial que se le sigue a cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Salud (Sesal), acusados por el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la fallida construcción del Hospital Oncológico de Comayagua.
El proyecto, cuya creación se aprobó mediante un decreto legislativo y un convenio con una fundación, contaba con un fondo presupuestado de 20 millones de lempiras, de los cuales únicamente se ejecutaron 4 millones correspondientes a la primera fase de análisis, limpieza y estudios topográficos antes de que la obra fuera suspendida.
Por su parte, la defensora legal de los acusados, la abogada Karla Romero, sostuvo que la acusación por estafa al Estado carece de fundamentos penales y que el caso debería ser abordado en el ámbito civil o administrativo.
Además, la profesional del Derecho señaló como una inconsecuencia que el ente fiscal señale a exfuncionarios técnicos que solo cumplieron con tramitar los pagos iniciales presupuestados y justificados, mientras que la máxima autoridad de la Secretaría de Salud de aquel entonces no fue incluida en el requerimiento.
