La Procuraduría General de la República de Nicaragua defendió este sábado las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a particulares, bajo el argumento de que han sido decomisadas por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes, que se calcula en al menos 250 millones de dólares y que los afectados tildan de robo y confiscación.
En una declaración, la Procuraduría General de la República, que es la representante legal del Estado, sostuvo que esos bienes han sido recuperados “legalmente para el pueblo nicaragüense” y que no se trata de confiscaciones.
“El Estado reitera su estricto cumplimiento al respeto de la propiedad privada, en conformidad con lo establecido en el artículo 44, último párrafo, de nuestra Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes”, indicó.
La Procuraduría divulgó esa declaración luego de que una investigación del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción (OPTA) calculara en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Investigación alerta sobre nueva “piñata” en Nicaragua
Esa investigación señala que las “ilegales confiscaciones de bienes” constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como “piñata”.
La denominada “piñata” es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, así como entre febrero y abril de 1990 durante el período de transición presidencial, en el que Ortega entregó el poder a la entonces mandataria Violeta Barrios de Chamorro.
Según la investigación de OPTA, en este nuevo período de Gobierno sandinista, que va de 2007 a la fecha, y que denominaron “La nueva piñata Ortega Murillo”, se han confiscado bienes y propiedades a oenegés, empresarios y cámaras empresariales, universidades, iglesia católica, medios de comunicación, embajadas y oficinas diplomáticas, y ciudadanos nicaragüenses desnacionalizados.
Ese Instituto advirtió que la primera “piñata” costó a los nicaragüenses 2.000 millones de dólares por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) que fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998.
Está vez, según el estudio, que es preliminar, el monto oscila en al menos 250 millones de dólares, que “son la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo”.
El observatorio explicó que el motivo de su estudio es “alertar sobre la deuda pública que se está generando como resultado de la apropiación ilegal de dichos activos por parte del Gobierno nicaragüense”.
Bienes para el “beneficio de nuestra población”
En su nota titulada “Más progreso para el pueblo”, la Procuraduría General de la República subrayó que al Estado “le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses”.
Así como de resoluciones que el Ministerio del Interior ha emitido por incumplimiento a la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro.
Según la Procuraduría, “las propiedades que han sido transferidas y devueltas al Estado se han destinado para beneficio de nuestra población”, al abrir en ellas centros especializados en salud, educación técnica, entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
