El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que intervenga en la tensa batalla legal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, la ley de tiempos de guerra que fue utilizada para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana.
La apelación de emergencia, que solicita a los jueces que revoquen una orden del juez federal de distrito James Boasberg que bloquea nuevas deportaciones bajo dicha ley, mete aún más a la Corte Suprema en el torbellino de Trump.
“Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país: el presidente, a través del Artículo II, o el poder judicial”, declaró la Procuradora General Interina Sarah Harris ante la Corte Suprema. “La Constitución ofrece una respuesta clara: el presidente. La república no puede permitirse otra opción”.
Al igual que otras apelaciones recientes, el argumento del Gobierno de Trump se basó en fuertes quejas sobre tribunales inferiores que le ponen obstaculos, emitiendo órdenes temporales que, si bien no resuelven las impugnaciones sobre el poder del presidente, al menos han suspendido temporalmente parte de su agenda.
El punto en disputa en el caso es la invocación por parte de Trump, el 15 de marzo, de una autoridad de tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que le otorga amplios poderes para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados. La ley otorga dicha autoridad en tiempos de guerra o cuando un enemigo intenta una “invasión o incursión depredadora”.
Poco después de que Trump invocara la ley, funcionarios cargaron tres aviones con más de 200 ciudadanos venezolanos y los trasladaron a El Salvador, donde se encuentran recluidos en una prisión de máxima seguridad. Desde entonces, el gobierno ha declarado que algunas de esas personas fueron deportadas bajo autoridades distintas a la Ley del Siglo XVIII. El Gobierno de Trump ha afirmado que los hombres estaban afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El caso llega al Tribunal Supremo días después de que su presidente emitiera una inusual reprimenda a la sugerencia de Trump de enjuiciar a Boasberg por su gestión del caso.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el enjuiciamiento no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, declaró Roberts en un comunicado emitido por el Tribunal Supremo. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
Quién demandó a quién y por qué
Cinco venezolanos que aún se encuentran en el país y fueron detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional demandaron al Gobierno, impugnando el uso de la mencionada ley. Boasberg, nominado al tribunal por el presidente Barack Obama, impidió temporalmente que el gobierno realizara más deportaciones bajo esa legislación mientras considera el caso, ya sea contra los cinco demandantes o contra cualquier otra persona en su situación.
Cabe destacar que la orden de Boasberg no impidió que el Gobierno deportara a esas mismas personas bajo otras leyes, ni que detuviera a inmigrantes bajo la ley.
Sin embargo, Trump apeló rápidamente.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad de Washington dictaminó el miércoles, por 2 votos a 1, que las órdenes de Boasberg que bloqueaban el uso por parte de Trump de esa autoridad ampliada para tiempos de guerra podían mantenerse mientras se resuelve la impugnación legal. La mayoría incluyó a un juez nominado por el presidente George H.W. Bush y a otro por el presidente Barack Obama. Es esta decisión la que Trump está apelando ahora ante la Corte Suprema.
La jueza federal de circuito Karen Henderson, en una extensa sentencia concurrente, ofreció un análisis textual que podría tener eco entre muchos de los conservadores de la corte. Destrozó los argumentos de Trump de que los tribunales no podían revisar la aplicación de la ley y la idea de que el flujo migratorio en la frontera entre Estados Unidos y México representa una invasión.
“El término ‘invasión’ era bien conocido por el Quinto Congreso y el público estadounidense alrededor de 1798”, escribió. “La frase resuena en toda la Constitución ratificada por el pueblo apenas nueve años antes. Y en todos los casos, se utiliza en un sentido militar”.
