Tras militarizar parte de la frontera con México, el gobierno conservador del estado de Texas amenaza con cerrar un reputado refugio católico de migrantes, mientras recrudece la represión en la zona y desafía al gobierno del demócrata Joe Biden en pleno año de elecciones en Estados Unidos.
La crisis migratoria es uno de los temas centrales de la campaña para los comicios de noviembre que disputarán probablemente el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), de 77 años, y el demócrata Biden, de 81, quien busca la reelección.
Biden, blanco de los conservadores por permitir lo que califican como una “invasión” migratoria de Estados Unidos, estará el jueves en la ciudad fronteriza de Brownsville y viene promoviendo un acuerdo bipartidario para enfrentar el tema.
Por su parte, Trump visitará Eagle Pass, donde su aliado, el gobernador de Texas (sur), Greg Abbott, tomo el control de algunos sectores de la frontera, con la colocación de alambrado de púas en la ribera del río Grande y obras para construir una base militar. Washington ha pedido la intervención judicial porque considera que las fronteras son jurisdicción federal.
Mientras llegan a cifras récord los cruces irregulares desde México, principalmente de latinoamericanos que buscan mejores condiciones de vida, desde el pasado 6 de febrero rige en Texas una ley que agrava las sanciones para quienes se dediquen al tráfico de migrantes.
Al día siguiente, enviados del fiscal General de Texas, Ken Paxton, llegaron a las oficinas de Annunciation House (Casa de la Anunciación), una ONG que, desde 1978, se apoya en voluntarios y donaciones para operar albergues de migrantes en la ciudad fronteriza de El Paso y es reconocida por la propia iglesia Católica.
Los funcionarios texanos solicitaron documentación sobre sus operaciones y registros de inmigrantes. Según la Fiscalía, que exige su cierre, esta ONG facilita entradas ilegales y la compara con una “casa de seguridad”, como se denominan a los inmuebles donde los ‘coyotes’ (traficantes de personas) retienen a migrantes mientras esperan que paguen para liberarlos.
La demanda alega que la ONG pretende brindar “compasión y libertad a marginados o extranjeros”, pero sus “operaciones reales parecen ser bastante diferentes” y estarían “violando la ley sistemáticamente”.
-“Ilegal e inmoral”-
Parafraseado en una publicación de inicios de 2023, el director de Annunciation House, Rubén García, cuenta que albergan a 300 personas, algunas de las cuales no han sido procesadas por las autoridades tras su cruce, temen deportación y reciben consultoría legal. Paxton lo considera actividad ilícita.
Pero para la ONG, “la posición ilegal, inmoral y antirreligiosa del Fiscal General de cerrar Annunciation House es infundada”. García cree que sus mismos argumentos también pueden usarse para clausurar organizaciones similares.
La ONG sostiene que albergó a miles de migrantes durante 46 años.
Según García, las propias autoridades de El Paso lo llaman cuando terminan de procesar a migrantes y dejan que lleven su proceso de asilo en libertad. Como no tienen a donde ir, se les ofrece techo y alimento hasta que continúen su camino dentro del país.
-Campaña de intimidación-
Jerry Wesevich, abogado de la ONG, explicó que han pedido a un tribunal que determine cuándo y cuales son los documentos específicos que deben entregar a la Fiscalía texana.
El fiscal general Ken Paxton también es cercano a Trump, quien mantiene una retórica violenta respecto de la migración. Se salvó en 2023 de ser destituido por el Congreso de Texas, bajo cargos de corrupción, aunque tiene pendiente un juicio por fraude.
Salvo intervención judicial, en marzo debe entrar en vigor en Texas otra ley que permite a la policía detener a migrantes sin permanencia legal. “Esta ley está dirigida a cualquier persona indocumentada que viva en Texas, ya sea que haya estado durante 10 minutos o durante 10 años y tenga hijos en la escuela”, consideró García.
Según el obispo de la diócesis de El Paso, Mark Seitz, además de la “negligencia federal” para abordar la migración, ahora Texas se enfrenta a “una creciente campaña de intimidación”, lo cual implica “ataque a aquellos que ofrecen ayuda”.
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