El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha deportado a más de 380,000 inmigrantes que intentaron ingresar ilegalmente al país desde mayo de este año, según informaron las autoridades fronterizas.
Estas expulsiones, realizadas bajo el Título 8, incluyen a más de 60,000 miembros de unidades familiares, marcando un récord para ese periodo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en colaboración con el DHS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, llevó a cabo decenas de vuelos de expulsión a destinos en todo el mundo, incluso en Centro y Sudamérica, mientras que más de 5000 personas de México fueron devueltas a su país de origen.
Los deportados enfrentan una prohibición de solicitar la admisión a Estados Unidos durante al menos cinco años y podrían enfrentar procesos penales si intentan ingresar nuevamente sin autorización.
Estas medidas forman parte de la estrategia de la administración Biden para gestionar la crisis en la frontera, que ha experimentado más de 3.2 millones de detenciones de migrantes que intentaron ingresar ilegalmente en el año fiscal 2023.
“Continuaremos repatriando a su país de origen a los no ciudadanos que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, afirmó Corey Price, Director Ejecutivo Asociado de Operaciones de Deportación y Control del ICE.
En las últimas semanas, las autoridades han intensificado los vuelos de deportación, con más de 30 destinos diferentes. La CBP señala que los vuelos hacia Venezuela, iniciados en octubre, han resultado en una disminución del 65 por ciento en las detenciones de venezolanos en la frontera suroeste.
A pesar de estos esfuerzos, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha calificado las cifras como “alarmantes”, atribuyendo la situación a las denominadas “políticas de fronteras abiertas”.
Kristie Canegallo, subsecretaria interina de Seguridad Nacional, destacó que la administración Biden ha liderado la mayor expansión de vías legales en décadas, incluyendo programas como el parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La eliminación del Título 42, una política de la era Trump, ha permitido la liberación de miles de inmigrantes en Estados Unidos, a pesar de las críticas del Comité de Seguridad Nacional.
Recientemente, la liberación de más de 7000 Extranjeros con Intereses Especiales (SIA) que ingresaron a través de la plataforma CBP One ha levantado preocupaciones sobre la posible infiltración de terroristas a través de la frontera sur.
Mientras tanto, crece la presión sobre el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con varios congresistas pidiendo su destitución debido a la crítica situación en la frontera.
