Cuando se desarrollen las vacunas eficaces contra el COVID-19, su suministro será inevitablemente escaso. La Organización Mundial de la Salud (OMS), los líderes mundiales y los productores de vacunas ya se enfrentan a la cuestión de cómo distribuirlos adecuadamente entre países. Y si bien existe un compromiso no escrito con la distribución “justa y equitativa”, ¿cómo se ve exactamente “justo y equitativo” en la práctica?
Ahora, diecinueve expertos en salud global de todo el mundo han propuesto un nuevo plan de distribución de vacunas en tres fases, llamado Modelo de Prioridad Justa, que tiene como objetivo reducir las muertes prematuras y otras consecuencias irreversibles del COVID-19 para la salud.
Publicado esta semana en Science, el artículo fue dirigido por Ezekiel J. Emanuel, vicerrector de Iniciativas Globales y presidente de Ética Médica y Política de Salud en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.
En la Fase 1 , se priorizan los lugares con altas tasas de muertes prematuras por COVID-19, que se determinan en cada país calculando los “años perdidos de vida estándar esperados”, una métrica de salud global de uso común. En la Fase 2, los autores proponen dos métricas que capturan la mejora económica general y el grado en que las personas se salvarían de la pobreza. Y en la Fase 3, se prioriza inicialmente a los países con tasas de transmisión más altas, pero todos los países deberían eventualmente recibir suficientes vacunas para detener la transmisión, lo que se prevé que requiera que del 60 al 70 por ciento de la población sea inmune.
El plan de la OMS, por el contrario, comienza con el 3 por ciento de la población de cada país recibiendo vacunas y continúa con la asignación proporcional a la población hasta que cada país ha vacunado al 20 por ciento de sus ciudadanos.
Emanuel y sus coautores argumentan que, si bien ese plan puede ser políticamente sostenible, “asume erróneamente que la igualdad requiere tratar de manera idéntica a los países en situaciones diferentes, en lugar de responder de manera equitativa a sus diferentes necesidades”.
En realidad sostienen que países igualmente poblados enfrentan niveles dramáticamente diferentes de muerte y devastación económica de la pandemia.
Los autores también objetan un plan que priorizaría a los países de acuerdo con el número de trabajadores de la salud de primera línea, la proporción de la población mayor de 65 años y el número de personas con comorbilidades dentro de cada país.
Dicen que la inmunización preferencial de los trabajadores de la salud, que ya tienen acceso a un equipo de protección personal (EPI) y otros métodos avanzados de prevención de enfermedades infecciosas, probablemente no reduciría sustancialmente el daño en los países de ingresos más altos.
Del mismo modo, centrarse en vacunar a los países con poblaciones mayores no reduciría necesariamente la propagación del virus ni minimizaría la muerte. Además, los países de ingresos bajos y medianos tienen menos residentes mayores y trabajadores de la salud per cápita que los países de ingresos más altos.
“Lo que terminas haciendo es dar muchas vacunas a los países ricos, lo que no parece el objetivo de una distribución justa y equitativa”, dijo Emanuel. Los autores concluyen que el Modelo de Prioridad Justa es la mejor encarnación de los valores éticos de limitar los daños, beneficiar a los desfavorecidos y reconocer la igual preocupación por todas las personas.
“Dependerá de los líderes políticos, la OMS y los fabricantes implementar este modelo -apunta Emanuel-. Los responsables de la toma de decisiones están buscando un marco para garantizar que todos en todo el mundo puedan vacunarse, de modo que podamos detener la propagación de este virus”.
