Desde el arresto de opositores en Venezuela y Cuba, hasta el cierre de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, la situación de derechos humanos en América Latina continuó en una difícil posición en 2023, según un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Los gobiernos continúan encerrando a ciudadanos que desafían a quienes están en el poder y piden un futuro mejor desde Bielorrusia hasta Venezuela. Muchos son jóvenes. De los aproximadamente 1.000 presos políticos que hay en Cuba, la edad promedio es de sólo 32 años”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en declaraciones a la prensa.
Uno de los países de la región en los que se registraron “cambios significativos” en la situación de derechos humanos fue en República Dominicana. Esto, según EE. UU., por la “expulsión masiva” de haitianos aún en medio de la crisis de seguridad que enfrentan.
El cierre de la frontera con Haití por parte del gobierno colocó a poblaciones que ya eran vulnerables “en mayor riesgo”, según se apuntó. En Haití, además de la violencia de las bandas criminales, se detalló la falta de un gobierno elegido democráticamente.
“El informe muestra que los gobiernos están extendiendo sus abusos más allá de sus propias fronteras. Nicaragua, intentando presionar y castigar a activistas exiliados confiscando sus bienes”, agregó Blinken.
En Colombia, por ejemplo, el gobierno estadounidense detalló reportes de crímenes violentos, secuestros y atentados de mano de grupos armados como disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, así como organizaciones de narcotráfico. “El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, lee el reporte
En El Salvador, el gobierno estadounidense detalló cómo bajo el estado de excepción, los informes de violencia de pandillas disminuyeron, sin embargo, “las detenciones arbitrarias… socavaron el debido proceso y exacerbaron las condiciones históricamente difíciles en prisiones superpobladas”.
Honduras, que también se encuentra bajo estado de excepción, evidenció “un aumento en la violencia de género”, así como “preocupaciones crecientes de detenciones ilegales” y uso excesivo de la fuerza.
Este informe de derechos humanos del Departamento de Estado es la versión número 48 del mismo que se emite cada año, con misiones estadounidenses en el extrajero y en Washington que examinan, rastrean y documentan el estado de derecho en casi 200 países del mundo.
La violencia del ejército ruso en Ucrania, el conflicto entre Israel y Hamás, los asesinatos en Sudán, y el retroceso en derechos LGBTQ en Uganda, fueron algunos de los otros hechos de preocupación mencionados por el Departamento de Estado en el informe.
Avances limitados
Aún entre los detalles de preocupación, el gobierno estadounidense también señaló avances en países como México, donde se implementaron reformas laborales que demostraron cómo “los trabajadores están superando obstáculos para organizarse y comenzar a mejorar las condiciones laborales”.
Esto en referencia a una nueva ley que protege el derecho de los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos independientes, negociar colectivamente y declarar huelgas legales, y prohíbe la discriminación antisindical.
“Estos puntos positivos son un recordatorio importante de que el progreso en materia de derechos humanos es realmente posible, siempre y cuando personas comprometidas en todas partes del mundo sigan trabajando para defender la dignidad fundamental de todas las personas”, apuntó Blinken.
En múltiples países de la región como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Paraguay, el Departamento de Estado aseguró que no hubo “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en 2023. Sin embargo, existieron “reportes creíbles” de asesinatos arbitrarios, violencia de género y tráfico de personas en la mayoría de estas naciones.
Abusos y corrupción en Honduras
En el informe sobre Derechos Humanos, el Departamento de Estado revela abusos por el estado de excepción, así como la grave corrupción gubernamental en Honduras.
Según destaca el informe hay abusos en el marco del estado de excepción, en libertad de expresión, corrupción gubernamental, la debilidad en el poder Judicial y la persecución a los activistas comunitarios y de la diversidad sexual entre otros.
Dichas acciones preocupan al Departamento de Estado de los Estados Unidos por la situación que está viviendo Honduras.
Las denuncias de prácticas de tortura, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad captaron la atención de los EEUU.
En el informe de DDHH 2023, destaca que el Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), reportó 66 casos de presunta tortura cometidos por las fuerzas de seguridad.
El Ministerio Público reportó cinco informes de este tipo hasta el mes de julio de 2023 y el Conaprev recibió 45 denuncias por el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos.
Por otro lado, las detenciones arbitrarias preocuparon a las autoridades estadounidenses principalmente las realizadas en el estado de excepción.
Mientras que la corrupción, la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales dieron lugar a una impunidad generalizada incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad.
La corrupción en el gobierno también fue analizada en el informe al señalar que la ley preveía acciones penales por corrupción de los funcionarios, pero las autoridades no la implementaron de manera efectiva generando que los funcionarios continuarán en prácticas corruptas con impunidad.
EEUU destaca que el 23 de mayo la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez informó haber recibido denuncias oficiales contra la exdirectora de Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, por trámites irregulares y presuntos cobros de sobornos.
Respectó a la Prisión Preventiva el informe señala que la ineficiencia judicial fue uno de los factores que retrasaron los procedimientos en el sistema de justicia penal, generando detenciones preventivas prolongadas que se volvieron un problema grave.
De igual forma, la delegación de juicios públicos justos también llamó la atención del Departamento de Estado pese a que la ley preveía un Poder Judicial independiente en el sistema de justicia no hay equipamiento y el cual a menudo era ineficaz y este sujeto a intimidación, corrupción, politización y clientelismo.
El respeto a las sociedades civiles es otro tema que no pasó por alto el Departamento de Estado al destacar a altos funcionarios de gobierno que criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios presididos como críticas hacia el gobierno, las que tuvieron un efecto paralizador sobre la libertad de expresión.
En tanto, periodistas y representantes de derechos humanos y sociedad civil se auto censuraron por temor a recibir acoso y represalias de parte del gobierno y sus partidarios. Otros denunciaron actos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios, denuncias que no fueron investigadas adecuadamente por las autoridades.
El informe también incluye los abusos sociales, donde destacan los feminicidios y muertes contra miembros de la diversidad sexual, discriminación contra los pacientes de VIH-SIDA y violencia de género.
