La administración del presidente Nasry Asfura ha formalizado diversos nombramientos en instituciones clave del país, generando debate público sobre la idoneidad de los designados y la capacidad de las instituciones para responder a los retos actuales. Muchos de los funcionarios provienen del Partido Liberal de Honduras, lo que ha despertado cuestionamientos sobre si estas decisiones obedecen a criterios técnicos o a cuotas de poder político.
Entre los nombramientos destacados se encuentran Lucy Salgado como gerente de Hondutel, Kathia Crivelli como viceministra de Derechos Humanos, Beatriz Valle como directora de Hondutel, y Héctor Vidal Cerrato Zelaya al frente de BANADESA. Otros casos incluyen a Eddy Johans Ordóñez en Desarrollo Económico, Raúl Valladares Pavón en INJUPEMP, Angélica Yaneth Sandres en Educación y Gustavo Solórzano en la CNBS. Diversos sectores cuestionan la formación y experiencia técnica de estos funcionarios, al considerar que no todos cumplen con los requisitos especializados que sus cargos demandan.
Organizaciones civiles, opositores y expertos señalan que estos movimientos podrían priorizar el activismo político sobre la profesionalización de las instituciones, lo que genera incertidumbre sobre la eficacia y transparencia de los organismos públicos. La expectativa se centra en que se definan criterios claros de mérito y preparación para garantizar que los cargos estratégicos sean ocupados por personal capacitado, evitando conflictos de interés y fortaleciendo la confianza ciudadana.
