La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate Contra la Corrupción Pública (FETCCOP), con el acompañamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realiza diligencias investigativas para documentar denuncias por supuestos actos irregulares en algunas municipalidades y oficinas gubernamentales.
Dentro de las diligencias realizadas resalta la toma de declaración a empleados y funcionarios de la municipalidad de San Pedro Sula donde se investigan una serie de denuncias de supuestos actos irregulares que van desde la adjudicación de terrenos de naturaleza privada mismos que fueron registrados en el Instituto de la Propiedad.
Para ahondar en las diligencias investigativas contra funcionarios de la municipalidad de San Pedro Sula, el equipo fiscal se desplazó hasta las oficinas de la empresa Aguas de San Pedro y del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Las diligencias investigativas, se extendieron hasta la municipalidad de San Antonio, Cortés, donde se investiga una denuncia por un posible delito de abuso de autoridad, en ese orden de ideas se realizó la toma de declaración de empleados y funcionarios, según los extremos de la denuncia se habría otorgado terrenos sin ningún soporte legal.
La FETCCOP y la ATIC, también tomaron declaración a empleados de la oficina regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de San Pedro Sula por investigación de ilícitos penales como el abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
Las investigaciones se han extendido hasta la oficina del Registro de la Propiedad en El Progreso, Yoro, en donde las autoridades investigan un presunto delito de abuso de autoridad por la inscripción de protocolizaciones de una propiedad sin seguir los procedimientos legales.
Por su Parte la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios procedió a la destrucción de 795 cajas de cigarros que fueron introducidas al país vía contrabando.
Mientras que, la Fiscalía de Turno presentó acusación contra Oscar Daniel Bonilla Martínez, por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de droga; Gregorio Constantino Handal Kawas, por supuesto maltrato familiar; Carlos Humberto Castellón Hernández, por supuestamente haber cometido el delito de uso de documentos públicos falsos y contra Víctor Manuel Mejía Ramírez por el supuesto delito de otras agresiones sexuales.
