El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó este jueves la reactivación de la comisión especial sobre muertos y desaparecidos políticos, que investigaba los crímenes de la dictadura militar (1964-1985) antes de que su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, la eliminara.
La medida revierte la decisión tomada por Bolsonaro (2019 – 2022), antiguo militar y un nostálgico de la dictadura, a finales de 2022, en su penúltimo día de Gobierno, y nombra a nuevos integrantes de la comisión, entre ellos a una profesora universitaria, una diputada de izquierdas y un representante civil del Ministerio de Defensa.
El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, afirmó en un comunicado que la decisión es “un importante paso en la garantía de la memoria, la verdad y la justicia”.
Almeida señaló, además, que ahora se dará continuidad a los trabajos “ilegalmente interrumpidos por la gestión anterior” de búsqueda de muertos y desaparecidos y que próximamente se va a fijar un calendario para retomar esas actividades.
Dos perspectivas en Brasil sobre la comisión de la dictadura
El regreso de este espacio era uno de los principales reclamos al Gobierno de Lula por parte de las víctimas del régimen militar, que se sintieron decepcionadas por la falta de apoyo oficial a las conmemoraciones del pasado mes de abril por los 60 años del golpe de Estado de 1964, en contra del mandatario de izquierdas João Goulart.
Lula vetó la organización de actos oficiales para no tensar aún más la cuerda con el Ejército, en un momento en que varios altos mandos están siendo investigados por la Policía por supuestamente tramar un golpe de Estado contra el actual mandatario, tras su victoria electoral ante Bolsonaro.
La comisión, creada en 1995 durante la administración de Fernando Henrique Cardoso, busca investigar las circunstancias de los asesinatos políticos; localizar los cuerpos de los desaparecidos e indemnizar a las víctimas del régimen militar que gobernó Brasil por más de dos décadas.
Durante esos años se estima que hubo 224 muertos y 210 desaparecidos, según un informe de la Comisión Nacional de la Verdad presentado en 2014.
