El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cumplió su advertencia de usar la fuerza pública para despejar los bloqueos que se multiplican en varias rutas del país desde hace diez días para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a la que los manifestantes acusan de intentar impedir el acceso al cargo de Bernardo Arévalo, ganador de las elecciones.
Los grupos antidisturbios se encontraron el martes con la resistencia de miles de ciudadanos que no cejan en su demanda y exigen respeto al resultado de las urnas. La jornada también transcurrió con cruces de señalamientos entre Giammattei y el presidente electo ―que habla de un intento de “golpe de Estado” contra él―, sobre quién es el responsable de poner fin a la crisis.
Al final de la noche, Giammattei divulgó un mensaje en el que invita a Arévalo a proponer “una tregua”, a llamar a los manifestantes para que desocupen las carreteras porque “la gente se está muriendo” ante el desabastecimiento en los hospitales o por obstáculos para el paso de ambulancias. Los medios de comunicación, sin embargo, han documentado que en varios bloqueos se permite el paso de médicos, alimentos y otros productos prioritarios.
En su mensaje, Giammattei criticó la supuesta indisposición de Arévalo a participar de un diálogo con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar soluciones a la crisis política que vive el país y lo señaló por evadir “su responsabilidad en los bloqueos”.
En su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, el ganador de las pasadas elecciones (la segunda vuelta se celebró en agosto) expresó que las autoridades de los pueblos indígenas, que iniciaron las protestas, son los interlocutores legítimos en cualquier diálogo.
Estas aceptaron la responsabilidad de participar en las discusiones, pero advirtieron de que temen ser criminalizados por “defender la democracia”, dijo el presidente de los 48 cantones indígenas de Totonicapán, Luis Pacheco.
Origen de la crisis
Desde el 10 de octubre, Giammattei responsabiliza a Arévalo de convocar a las manifestaciones, y este martes, en una carta pública, lo cuestiona por “alentar” las movilizaciones “que no son pacíficas” sobre la base de “falsas e inexistentes teorías de supuestos golpes de Estado”. A inicios de septiembre, el presidente electo denunció el avance de un golpe de Estado para impedir que el binomio presidencial y los diputados electos por su partido, el Movimiento Semilla, tomen posesión del cargo el 14 de enero próximo. Arévalo señaló a Porras como la principal ejecutora del plan golpista.
El presidente electo considera que el fin del conflicto está en manos de Giammattei, si pide la renuncia a la funcionaria que designó como fiscal general. En varias entrevistas con la prensa, Arévalo señaló al presidente Giammattei como el principal responsable de la crisis política que se vive en Guatemala. “Él está haciendo un intento muy claro de evadir la responsabilidad que le corresponde en esta situación, producto del asalto de una institución del Estado, el Ministerio Público, contra el Tribunal Electoral”, dijo el mandatario electo al medio radial ConCriterio. Si está en contra de los bloqueos, “puede pedir la renuncia de la persona que él nombró para ese cargo, que es Consuelo Porras”, remató.
El paro y los bloqueos comenzaron el 2 de octubre por iniciativa de las autoridades indígenas con la toma de varias carreteras y una protesta permanente frente a la sede del ministerio público después de que este se incautara de las actas con los resultados de las votaciones, pese a la oposición de los magistrados electorales, que denunciaron la pérdida de la custodia del voto ciudadano. La crisis escaló cuando la ciudadanía advirtió “la intención de trastocar la voluntad del soberano”, opina el politólogo y experto en diálogo, Miguel Ángel Balcárcel. “La población se hartó de sus circunstancias de vida y dijo: ‘¡ya no más!, ¿cómo hacemos para que nos escuchen?”, expone, y recuerda que antes de los bloqueos las autoridades indígenas plantearon sus demandas en el Congreso, ante la Fiscalía y el presidente.
