La Justicia chilena decretó este viernes prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León, exmilitante de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), al formalizar por presuntos delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.
«Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva», determinó el juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Diputado durante tres periodos legislativos y un total de doce años (2014-2026), Lavín ingresó al foco del Ministerio Público a partir de la indagación por presunta corrupción que enfrenta su esposa, la figura de televisión y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, que actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras meses en prisión preventiva.
La investigación contra Joaquín Lavín
Junto a Lavín, el tribunal determinó la máxima medida cautelar del sistema judicial chileno también contra su exasesor Arnaldo Domínguez, imputado de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y delitos electorales.
Hijo de Joaquín Lavín Infante, exministro, exalcalde y excandidato a La Moneda, Lavín León renunció a la UDI en octubre de 2024 tras conocerse que era investigado por la fiscalía por presunta emisión de facturas falsas al Congreso, proceso que tomó curso firme tras el desafuero ratificado por la Corte Suprema en febrero pasado que dio luz verde a su imputación formal.
El Ministerio Público acusó maniobras por parte de los imputados para usar dineros de asignaciones parlamentarias en campañas políticas, pagando con ellas material gráfico y bases de datos.
El excongresista, acusa la Fiscalía, habría incurrido en un presunto fraude de 100 millones de pesos (unos 100.000 dólares estadounidenses), monto que habría involucrado la falsificación de facturas.
