La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso Nacional una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración, entre otros.
El documento señala a Castillo como “presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión” y, “alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Conspiración”.
Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.
La denuncia detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre supuso “un acto arbitrario” que contraviene lo establecido en el artículo 118 de la Constitución.
También, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.
“Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad”, señala el documento.
Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al exministro del Interior, Willy Huerta, y al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.
El documento fue presentado al Congreso luego que el Legislativo aprobara una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político (un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios) lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.
La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vistas a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
En un pleno extraordinario muy bronco, en el que incluso un congresista defensor de Castillo agredió a un detractor del exmandatario, el Legislativo puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, después de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
