El Estado hondureño enfrenta demandas y embargos judiciales que ascienden a L3,903 millones, solo en los primeros dos meses en lo que va del año 2026, informó el titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) de Honduras, Emilio Hércules.
Solo en un periodo de 10 días durante el mes de febrero, se ejecutaron embargos por más de L3,000 millones, denunció el funcionario.
El ministro también denunció la existencia de una presunta red integrada por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), el Poder Judicial y abogados privados, quienes estarían facilitando estos cobros acelerados.
Se advierte que estos recursos no estaban presupuestados y su retiro forzoso pone en riesgo el financiamiento de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
En cuanto a las acciones legales, La SEFIN ha solicitado la intervención urgente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para revisar la legalidad de estas medidas y asegurar que se cumpla con la comunicación previa a la Tesorería General antes de emitir cualquier embargo.
“Con este monto que ha sido atacado la caja única del Estado se pudo haber construido una carretera nueva desde La Barca – El Progreso – Tela y estirarla hasta Jutiapa”, aseguró el funcionario.
Asimismo, dio detalles de las instituciones estatales que han presentado demandas contra el Estado, en este año en la Secretaría de Salud, los embargos suman 7 mil 418 millones de lempiras, mientras en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente la cifra asciende a 1 mil 712 millones, la Procuraduría General de la República supera los 1 mil millones, la Secretaría de Desarrollo Social tiene embargos por arriba de 1 mil 010 millones, 46 millones en Infop, 36 millones en la ENEE, 1 mil 655 millones en Hondutel, 923 millones en el SANAA, 206 millones en diferentes alcaldías del país, entre otras demandas.
Hércules ha calificado estas acciones legales como un “ataque directo y sistemático “contra el tesoro nacional.
