Hasta finales de 2025, el Estado hondureño acumuló cerca de 26 mil demandas judiciales en diversas instituciones públicas, casi duplicando los 13,906 casos registrados al cierre de 2024.
La mayoría de estas demandas son de índole laboral y contencioso administrativo, lo que ha generado un fuerte impacto en las finanzas públicas y pone en evidencia la presión que enfrenta el Estado por estos procesos legales.
Entre las instituciones más afectadas se encuentra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con 2,253 demandas, seguida de la Secretaría de Salud (Sesal), con 1,414 casos, y la Policía Nacional, con 799 demandas, reflejando la diversidad de sectores públicos involucrados y la magnitud de los montos comprometidos.
Especialistas señalan que muchas de estas demandas colectivas se han convertido en un “negocio redondo” para ciertos actores jurídicos, quienes se benefician de los elevados montos que el Estado debe desembolsar.
