El régimen sandinista de Daniel Ortega lanzó una controvertida reforma al Código Penal de Nicaragua destinada a enjuiciar a opositores tanto dentro como fuera del país y permitiría imponer cadena perpetua a los condenados por lavado de activos.
Ortega envió este jueves a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, la propuesta que sugiere modificaciones en 27 artículos de la Ley No. 641, Código Penal, endureciendo las penas contra opositores y organizaciones no gubernamentales. Según esta enmienda, las leyes penales nicaragüenses se aplicarían también a delitos cometidos fuera del territorio nacional. Y entre los delitos a sancionar se encuentran amenazas a la integridad nacional, tráfico de migrantes, delitos contra la Administración pública, ciberdelitos y cualquier otro delito perseguible en Nicaragua.
El proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su consulta, aunque, según el diputado oficialista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, podría ser aprobado la próxima semana, sugiriendo un proceso legislativo acelerado.
La reforma introduce penas de prisión de 10 a 15 años para aquellos que promuevan o celebren sanciones contra el régimen, sus negocios o funcionarios. Además, la propuesta incluye la inhabilitación y la confiscación de “bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes”. Además, incrementa las penas hasta 30 años para quienes financien delitos de “menoscabo”, conocido como “traición a la patria”.
