La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y su vicepresidente, Karin Herrera.
En un comunicado, la CIDH precisó que los políticos fueron sujeto de “vigilancias, seguimientos, campaña de desprestigio y amenazas de muerte” que se incrementaron “tras la segunda vuelta electoral” y por lo que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala”.
A raíz de ello, instó al Ejecutivo del país a que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de los amenazados.
El equipo de Arévalo, favorito de la gente en las elecciones del pasado domingo, denunció haber recibido información “preocupante sobre un plan para asesinarlo, con participación de agentes estatales e individuos particulares”, por lo que debieron recurrir a su protección con seguridad privada.
“Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado ‘Colosio’, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, especificó la Comisión en el escrito sobre el hostigamiento hacia los políticos.
A esto se sumaron las amenazas de muerte en redes sociales a través de cuentas “netcenters”, es decir, anónimas y falsas, y el mensaje del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz, que advirtió a Arévalo que lo vería preso o prófugo por haber cometido “varios delitos graves” como fraude.
Por último, el Ministerio Público notificó al Movimiento Semilla de un tercer plan ligado a “estructuras criminales de pandillas”, habituales en Centroamérica.
En su escrito, la CIDH apuntó contra el Estado de Guatemala por no tomar las medidas necesarias para proteger a los candidatos electos, incluso a pesar de dichas pruebas e insistió en la difusión de “las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados”.
Asimismo, recordaron que el Movimiento Semilla “ha sido objeto de criminalización y persecución política” desde la presentación de su candidatura para las pasadas elecciones.
El Estado de Guatemala se distanció de estas acusaciones y señaló que no “advertía ninguna situación de gravedad” contra Arévalo y Herrera y que tampoco existe una “persecución política en Guatemala, dado que impera la institucionalidad y la democracia”.
No obstante, las medidas cautelares se conocieron el mismo día que la Fiscalía solicitó nuevamente al Congreso suspender al Movimiento luego de que se avanzara contra el partido en julio, algo que acabó siendo anulado por la Corte Suprema de Justicia.
Tras los recientes comicios, Semilla se hizo con 23 de los 160 escaños en el Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país.
Sin embargo, este proceso electoral ha sido el más controvertido en la historia del país desde la implementación de la democracia en 1996.
