Días después de ser aprobada por la Asamblea Legislativa estatal, el gobernador Ron DeSantis promulgó con su firma una nueva normativa migratoria (H.R. 1718) que convierte a Florida en el estado con la ley más dura contra la inmigración indocumentada.
La iniciativa, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes, y asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes ilegales a otros estados.
Sin embargo, una de las regulaciones más polémicas de la ley es que hace que el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
“Nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos que se avecinan cuando tienes un presidente que se ha hecho de la vista gorda ante lo que sucede en la frontera”, dijo DeSantis. “No creo que haya visitado la frontera en todo el tiempo que ha estado en el cargo”, dijo DeSantis en Jacksonville esta mañana tras firmar la regulación.
DeSantis califica de inmigrantes ilegales no solo a aquellos que se encuentran sin autorización por parte del gobierno federal para permanecer en Estados Unidos, sino también a aquellos no ciudadanos que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, demostraron miedo o temor creíble si son deportados, fueron procesados, sus casos referidos a la Corte de Inmigración y luego liberados bajo el Programa Alternativa de Detención (ATD).
Abogados reiteran que estas personas no se encuentran ilegalmente en el país, sino que fueron liberados bajo supervisión del gobierno federal (fianza o grillete electrónico) en espera de que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos, tal y como lo estipula el debido proceso.
DeSantis firmó esta ley cuando está analizando presentar su postulación a la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones generales de 2024.
