El rastreo de teléfonos de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 condujo a las autoridades mexicanas a dos nuevas rutas: una posible red vinculada con funerarias y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala (Guerrero, sur) y la hipótesis de que unos 17 normalistas pasaron por la comandancia municipal antes de su desaparición.
Los rastreos telefónicos fueron posibles ya que criminales y funcionarios utilizaron de forma ilegal los teléfonos de los desaparecidos.
En conferencia de prensa para presentar los avances en la investigación, doce años después de la desaparición, el fiscal del caso, Mauricio Pazarán, explicó este lunes que el reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió identificar a 17 nuevas personas que no habían sido investigadas.
Además, indicó que fue posible reconstruir comunicaciones entre integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y particulares durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento”, afirmó Pazarán, quien detalló que uno de esos cruces llevó a Rodolfo, un empresario funerario cuya familia también operaba el Semefo y tenía participación en el panteón municipal.
Avances en la investigación
La Fiscalía mexicana estableció además que Rodolfo utilizó el 4 de octubre de 2014 el teléfono del estudiante Julio César Mondragón Fuentes, dato que reforzó la pesquisa sobre funerarias y derivó en cateos.
En la Funeraria El Ángel, las autoridades reportaron un resto óseo guardado en un cajón, un arma de fuego, documentación, un crematorio sin registro, certificados de defunción, oficios de traslado y autorizaciones de inhumación firmadas y selladas en blanco.
Posteriores búsquedas en la funeraria y el Semefo permitieron localizar 23 indicios, incluidos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos.
