Las mujeres y los jóvenes son los grupos más afectados por el desplazamiento forzado en Honduras, un fenómeno que alcanza a 423.845 personas (el 4,5 % de la población), afirmó este miércoles la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en el país, Kathryn Lo.
«No todas las personas están impactadas de la misma manera. Estas cifras nos muestran que las mujeres están más afectadas, el 55 % de las personas desplazadas alguna una vez en su vida son mujeres», subrayó Lo a EFE en Tegucigalpa.
Según los datos expuestos por Acnur, los jóvenes de entre 15 y 34 años constituyen el segundo grupo más afectado al representar el 38 % de las personas desplazadas, mientras que el 11 % corresponde a menores de edad.
La funcionaria advirtió que el impacto del desplazamiento forzado varía según la etapa de vida, pero afecta de forma directa el desarrollo y las oportunidades de las familias, especialmente de mujeres, niños y jóvenes.
«Detrás de estas cifras hay personas», subrayó, tras señalar que muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, comunidades y medios de vida ante amenazas, extorsiones, violencia de género y el riesgo de reclutamiento forzado de niños y adolescentes por grupos criminales.
Además, alertó sobre la situación de 163.296 personas que sufren una doble afectación, al haber sido desplazadas por la violencia y posteriormente impactadas por desastres naturales, un escenario que según dijo exige respuestas integrales y adaptadas a sus necesidades específicas.
La representante de Acnur subrayó que la respuesta al desplazamiento forzado debe asumirse como una «responsabilidad de todos», ya que ninguna institución puede abordar por sí sola sus causas ni garantizar la protección de las víctimas.
En ese sentido, resaltó, la protección de niños y adolescentes requiere entornos seguros, como escuelas libres de violencia, así como el acompañamiento de las comunidades y una mayor presencia del Estado con servicios integrales dirigidos a las familias en las áreas de mayor riesgo.
Honduras reconoció el desplazamiento forzado interno en 2013 y, nueve años más tarde, aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, aunque aún está pendiente la aprobación de su reglamento.
