El equipo de abogados del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado apelará si el fallo que emita el juez natural mañana miércoles no le favorece. “Ese es el derecho de defensa, hay que agotar todos los recursos, siempre y cuando así lo permita la ley”, adelantó Iván Martínez, defensor legal del exmandatario hondureño.
De acuerdo con el Auto Acordado vigente de extradición entre Estados Unidos y Honduras, el recurso de apelación deberá ser interpuesto ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien actúa como tribunal de alzada en los procesos de extradición.
Es decir que los 14 magistrados de la CSJ, a excepción de Edwin Francisco Ortez Cruz, que funge como juez natural y que será sustituido por un magistrado de la Corte de Apelaciones Penal, podrán ser parte de los juristas que participen en la etapa de apelación del veredicto final.
El abogado especialista en derecho penal, Jair López, explica que “si se interpone una apelación sobre la decisión que tome el juez deben ser los mismos magistrados, porque ellos lo único que han resuelto en el recurso de apelación anterior, deben ser los mismos magistrados porque ellos no han conocido finalmente el fondo de la petición”.
Argumenta, que “ellos (los magistrados) solo se pronunciaron sobre una medida cautelar que adoptó el juez designado; de tal manera que están habilitados para participar”.
El abogado del expresidente Hernández exteriorizó que el recurso de apelación sobre la medida cautelar del lugar de detención del exmandatario no debió siquiera ser admitido, porque no cabe apelación sobre esa decisión inicial.
Hernández Alvarado será trasladado este miércoles bajo estrictas medidas de seguridad a la CSJ a fin de comparecer en la audiencia de evacuación de medios de pruebas en relación a una solicitud de extradición enviada por Estados Unidos.
El exmandatario es solicitado en extradición por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por sus supuestos nexos con el narcotráfico desde 2004. Además, se le acusa de haber recibido millonarios sobornos de los carteles para financiar su campaña política.
