El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, envió una iniciativa de Ley a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los sandinistas, que busca obligar a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios.
La iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, fue enviada el martes a la Comisión de Infraestructura para su debido análisis y dictamen, dijo el titular del Parlamento, Gustavo Porras, tras ser presentada ante el pleno.
El artículo 109 de esa iniciativa establece: “Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.
“Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”, según el proyecto.
Es decir, la información estadística y georrereferenciada deberá ser entregada al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, que dirige Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo argumentó que es necesario actualizar esa Ley debido a que la misma es totalmente anacrónica y obsoleta y su “extrema longevidad” contrasta con los vertiginosos avances tecnológicos.
Según opositores en el exilio, con la nueva Ley de Telecomunicaciones, el régimen de Ortega busca establecer una superestructura de control a operadores y usuarios de telecomunicaciones, además de ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país.
Entre otros, la iniciativa contempla que la importación de equipos tecnológicos estará bajo supervisión de Telcor, y que los operadores de telecomunicaciones deberán proveer geolocalización de los usuarios de telefonía.
Además, obliga a los operadores a permitir inspecciones y que de ser necesarias recurrirán a la fuerza de la Policía Nacional.
Asimismo, establece sanciones contra los operadores de telecomunicaciones que van desde los 0,5 % hasta 2,5 % de sus ingresos brutos derivados del año anterior por infracción de la ley.
El proyecto obliga, además, a los operadores a “unirse a las cadenas de radio y televisión, así como poner a disposición del Gobierno de manera gratuita sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional”.
Según el Ejecutivo, la nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua.
