La presidenta Xiomara Castro el pasado 30 de enero en la presentación de su informe sobre su primer año de gobierno dijo en cadena nacional que remitirá al Congreso Nacional, reformas de Ley de Justicia Tributaria dedicadas a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones e instaurar un sistema progresivo y justo, sin aumentar nuevos impuestos.
En torno a la Ley de Justicia Tributaria dijo que el enfoque de la misma en sí no implica la generación de más gravámenes sino “ampliar más la base tributaria” y la revisión de lo que en algún momento “se pudo haber constituido como un incentivo a la inversión”, dijo.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, señaló que la Ley de Justicia Tributaria permitirá subir los ingresos del Estado, para generar inversión y reducir las empresas abusadoras de privilegios.
“La garantía de inversión pública permitiría a todos los hondureños tener acceso a la salud, educación, energía eléctrica, precios competitivos y buena infraestructura”, defendió.
El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través del Servicio Administrador de Rentas (SAR), ha hecho pública la propuesta de Ley que será enviada al Congreso Nacional, que se resume en los siguientes 10 puntos:
1. Reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años. Esta reforma constitucional busca evitar que los abusos de estos últimos 13 años puedan volver a ocurrir.
2. Derogar los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias. La derogación de los beneficios evitará que se incorporen nuevas empresas en regímenes que han legalizado e institucionalizado los abusos.
3. Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente, según constate en sus resoluciones de inscripción al régimen; esto sin perjuicio de que se pueda cancelar el beneficio en caso de constatar abusos o incumplimiento de los objetivos contenidos en las leyes.
4. Establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas. Con la reforma, SEFIN, SAR y Aduanas realizarán auditorías para cancelar exoneraciones a empresas que han abusado de estas y a empresas cuyo monto exonerado exceda el beneficio retribuido a la sociedad.
5. Crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales. Los regímenes vigentes exoneran todos los impuestos existentes, por amplios períodos de tiempo e incluyen otro tipo de beneficios más allá de los tributarios, lo que ha promovido la competencia desleal en los sectores económicos. Los dos nuevos regímenes se otorgarán a impuestos específicos, por un máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
6. Cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por esta reforma introducida a través del Nuevo Código Tributario. Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.
7. Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Al eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias, las empresas no tendrán más opción que presentar y pagar sus declaraciones, ajustes y multas en tiempo y forma, elevando la percepción de riesgo de impago y consecuentemente la recaudación de impuestos.
8. Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario. El Código Tributario vigente, en su artículo 72 numeral 4, establece requisitos de información que en la práctica impiden al SAR, en el desarrollo de sus controles, acceder a información bancaria para constatar la evasión de impuestos. Si a esto se suma que el país no intercambia información bancaria ni tributaria con el resto de países del mundo y la existencia de regímenes fiscales considerados perniciosos por la OCDE, Honduras se encuentra a las puertas de ser declarado formalmente paraíso fiscal.
9. Intercambiar información con el resto de los países del mundo mediante la ratificación de la Convención MAAC de la OCDE. Con la ratificación por parte del Congreso Nacional de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) promovida por la OCDE el país da pasos importantes en transparencia fiscal y evitar caer en el riesgo de ser declarado paraíso fiscal.
10. Aprobar la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad. En 2022, el impuesto sobre la renta pagado por personas naturales fue el equivalente al 7% del pagado por las empresas, lo que evidencia las facilidades que se les han otorgado a los dueños de las empresas para evadir. Con la aprobación de la figura de Beneficiario Final los grandes patrimonios comenzarán a pagar los impuestos que les corresponde.
