El Congreso de Perú acordó en las últimas horas analizar el adelanto de elecciones generales en 2023 después de semanas de letales protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como de los miembros del Parlamento.
La decisión se logró con 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones, y ahora los legisladores comenzarán a debatir una fórmula para fijar una posible fecha de elecciones presidencial y congresal.
El viernes, los parlamentarios rechazaron una propuesta para fijar en octubre el mes de elecciones generales y el 1 de enero de 2024 como la fecha de inicio del mandato del nuevo presidente y de los nuevos 130 legisladores del parlamento unicameral.
La reconsideración se produjo en medio de protestas por casi dos meses de miles de peruanos que piden la dimisión de Boluarte, así como de los miembros del Parlamento para que sean reemplazados en nuevos comicios. Las manifestaciones han dejado hasta el momento al menos 58 fallecidos y centenares de heridos, según las autoridades.
En paralelo, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el lunes una declaración que expresa “consternación por los hechos de violencia”, llama al respeto de los derechos de reunión y protesta pacífica e insta al diálogo para superar la crisis. El consejo expresó también su preocupación por las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de los espacios académicos.
Casi al final de la reunión extraordinaria de más de 2,5 horas de duración, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró que deben convocarse de manera urgentes elecciones.
“Debemos comprometernos todos con la solución democrática, debemos ser conscientes de que esto no se resuelve forzando la Constitución, ni alterando las reglas de juego, ni violentando a la gente ni violentando el país”, expresó Almagro. “Se resuelve con más democracia”, recalcó, apelando al diálogo y a un esfuerzo político conjunto “entre todos”.
El pronunciamiento del consejo de la OEA incluyó un llamado a que haya una respuesta estatal urgente enmarcada en estándares de necesidad, legalidad, proporcionalidad, y adopción de medidas efectivas para rendir cuentas sobre los actos de violencia.
La declaración, que fue presentada por Colombia y enmendada a pedido de Perú en una reunión previa a la sesión extraordinaria a la del Consejo Permanente de la OEA, pidió también garantizar la integridad y el debido proceso para todas las personas e hizo un “firme llamado a las autoridades peruanas” para asegurar la gobernabilidad e institucionalidad democrática del país mediante la “pronta” realización de elecciones generales justas, libres y transparentes con observación internacional.
En caso que no se logren acuerdos en el seno parlamentario peruano, la presidenta Boluarte y los 130 legisladores tendrán que continuar en sus funciones hasta 2026 según lo establece la ley.
Boluarte dijo el domingo que “de no prosperar el consenso para debatir el adelanto de elecciones para 2023”, el gobierno presentará dos iniciativas legislativas. La primera será para pedir el adelanto de elecciones para octubre y la segunda, para que el próximo Congreso le encargue a la Comisión de Constitución “la reforma total de la constitución”.
En la sesión de la OEA, El Salvador dijo que aún no estaba listo para aprobar la declaración y pidió que se aclarara eso en el texto del documento.
El Relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Édgar Stuardo Ralón Orellana, reiteró su pedido para que se respete el Estado constitucional democrático y cese la violencia, así como para se haga justicia con las víctimas y se las repare. Urgió también al Estado a establecer las causas de la violencia y de las muertes y a defender los derechos humanos.
Recordó que el Estado debe actuar bajo los principios de proporcionalidad y expresó su preocupación por lo sucedido recientemente en una universidad en la que vehículos tipo tanquetas derribaron las puertas del edificio y se allanaron los dormitorios de estudiantes.
El fin de semana, un peruano que asistía a una protesta murió producto de un traumatismo encefalocraneano. Los muertos en el contexto de las protestas suman en casi dos meses 58, todos civiles, excepto un policía que murió carbonizado en los Andes.
