El Tribunal Constitucional de Perú evitó pronunciarse el jueves sobre cómo debe interpretarse una cláusula de la Constitución invocada para destituir al expresidente Martín Vizcarra, cuya salida desencadenó una crisis política con masivas manifestaciones y tres presidentes en nueve días.
Con esta decisión el Tribunal perdió la oportunidad de aclarar el significado de una cláusula clave para evitar futuro caos político que la última semana dejó dos muertos y más de 100 heridos.
Con inocultable molestia, la presidenta del Tribunal, Marianella Ledesma, que votó en minoría, dijo a la radio RPP que cuatro magistrados decidieron en mayoría que “ya no tienen por qué pronunciarse .. diciendo que el señor Vizcarra ya está vacado y no hay nada qué resolver”.
Vizcarra fue removido el pasado 9 de noviembre tras ser acusado de haber recibido 630.000 dólares en sobornos de empresas constructoras mientras era gobernador regional. Miles de peruanos protestaron tras considerar que debía ser investigado y eventualmente condenado, pero luego de culminar su gestión en julio de 2021.
Manuel Merino, quien era el líder del Parlamento y orquestó la caída de Vizcarra, lo sucedió en el cargo, pero apenas duró seis días en el puesto luego de que las protestas crecieron y dos manifestantes murieron en choques contra la policía. Renunció el domingo.
El martes el legislador Francisco Sagasti juró como nuevo presidente interino. Su nuevo gabinete ministerial será presentado en un mes ante el Parlamento, que debe otorgarle un voto de confianza para que pueda continuar en sus labores.
La magistrada Ledesma, que votó en minoría junto a dos jueces, indicó que habían “muchas cosas qué decir” sobre la destitución de Vizcarra, “por lo menos que el procedimiento tuvo un uso indebido”, que debe regularse y generarse un proceso con garantías para evitar el caos político.
La “incapacidad moral permanente” es una cláusula incorporada hace 181 años a la Carta Magna, cuya interpretación es amplia y el Parlamento la usó hace más de una semana para destituir al entonces presidente Vizcarra desencadenando un caos político no visto hace 20 años.
Ernesto Blume, uno de los magistrados que votó por la improcedencia de la interpretación de la cláusula, dijo que ésta no debe estar clara “es una cláusula abierta que habilita al Congreso frente a diversas situaciones, no se puede puntualizar porque la realidad supera esa previsión”.
Blume añadió que “puede haber casos, que ahora no suponemos, pero que descalifican la dignidad del presidente”.
Dos sondeos nacionales revelaron esta semana que la mayoría de los peruanos estuvo en contra de la destitución de Vizcarra. La firma Ipsos indicó que 88% de los encuestados estuvo en desacuerdo, mientras que el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indicó que 91% se manifestó contra su remoción.
Ambos sondeos coincidieron en la impopularidad del Parlamento. Tanto Ipsos como IEP otorgaron apenas 9% de popularidad al Congreso. La encuesta de Ipsos se realizó a 1.207 peruanos el 16 de noviembre, mientras que la de IEP a 624 personas entre el 12 y 15 de noviembre.
Antes de que Vizcarra fuera destituido el 9 de octubre la cláusula de destitución presidencial ya había sido invocada en otras tres ocasiones por el Parlamento.
En septiembre el mismo Vizcarra había sobrevivido a otro intento de destitución y su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) había sufrido otras dos tentativas. En la última de ellas en marzo de 2018, antes de que se vote su destitución Kuczynski renunció frente un Congreso que lo acusó de corrupción sin pruebas concluyentes.
Sagasti, de 76 años, culminará su gestión el 28 de julio de 2021 cuando entregue el poder al ganador de las elecciones presidenciales de abril.
