La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el artículo 160 de la Constitución de la República y el artículo 3 numeral 6 de su Ley Orgánica, ante la presentación del anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria, se manifiesta en los siguientes términos:
Es potestad del Gobierno de la República la promoción del crecimiento económico, el mantenimiento estable del nivel de precios, la estabilidad del valor de la moneda oficial y la generación del empleo decente en la búsqueda del bienestar de la colectividad hondureña, aplicándose para ello los principios y teorías de la política económica.
Ante los alarmantes niveles de pobreza, problemas de empleo, migración, inseguridad e insuficiente inversión, entre otros, es necesario fortalecer las finanzas públicas a través de un sistema tributario justo, equitativo, progresivo y eficiente, requiriéndose para ello, una reforma tributaria integral, fundamentada en estudios técnicos y científicos rigurosos que sustenten su viabilidad, que no sólo abarque aspectos relacionados con los incentivos fiscales para promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo, sino que, también contemple aspectos determinantes para el cumplimiento de los objetivos de la política tributaria, tales como la revisión de la base contributiva, redistribución de la carga fiscal, combate a la elusión y evasión fiscal, transparencia y rendición de cuentas.
Para emprender un proceso de desarrollo sostenible, el papel de la inversión tanto nacional como extranjera es determinante, debiendo contarse con un clima de negocios apropiado que promuevan la atracción de recursos financieros para dinamizar y fortalecer los sectores productivos, reconociéndose el importante rol que desempeña la empresa privada en la promoción de esas
inversiones, así como en la generación de empleo, impuestos y riqueza para el país, por lo que, es necesario involucrar a la misma en la toma de decisiones, en los aspectos relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios.
Implementar un sistema tributario justo, equitativo, progresivo y eficiente debe de ser una meta de país sujeta a políticas públicas de Estado, diseñadas y orientadas bajo reglas claras y transparentes, amparadas en el respeto a la Constitución de la República y procurando mantener incólume las relaciones de respeto a la propiedad privada, derechos humanos y medioambiente y con la
participación y consenso de todos los sectores de la hondureñidad.
Se debe mantener una estrecha coordinación en el diseño e implementación de todas las políticas económicas del gobierno para construir una senda de desarrollo humano sostenible en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población del país y con el fin de enfrentar los desafíos del cambiante entorno económico internacional. Un esfuerzo de tal magnitud demanda una participación de las autoridades del país, con el acompañamiento de la empresa privada, sociedad civil y la academia, lo que posibilitaría la construcción de un Pacto por Honduras, permitiendo diseñar e impulsar el modelo de desarrollo que el país necesita.
