Un cuarto de millón de venezolanos queda expuesto a la deportación desde esta medianoche, cuando se vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras a regresar a su país.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.
La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.
El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.
“Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, cuenta la inmigrante.
La venezolana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá, o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad pero aún en Estados Unidos.
Aún hay esperanza
“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.
Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.
“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250.000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando el Tribunal Supremo permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.
El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».
Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso.
