Una jueza federal de Colorado ha extendido temporalmente su orden que impide al Gobierno del republicano Donald Trump deportar a cualquier persona en ese estado en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de tiempos de guerra que data del siglo XVIII. La jueza de distrito Charlotte N. Sweeney citó la orden emitida el fin de semana por la Corte Suprema, que suspendió las deportaciones desde el norte de Texas en virtud de dicha ley, como una de las razones para extender su propia orden.
Sweeney mantuvo así la congelación de las deportaciones desde Colorado hasta el 6 de mayo e indicó que podría extenderla aún más. Exigió al Gobierno que notifique con 21 días de anticipación a cualquier persona que busque deportar para que puedan impugnar su deportación. Y expresó su escepticismo sobre la legalidad del uso de la citada ley por parte de Trump, que alega para ello que la pandilla venezolana Tren de Aragua está invadiendo el país.
“Como mínimo, ‘invasión’ significa más que la descripción que la proclamación hace de la ‘infiltración’, la ‘guerra irregular’ y las ‘acciones hostiles’ del Tren de Aragua contra Estados Unidos”, escribió Sweeney.
A principios de mes, la Corte Suprema autorizó las deportaciones bajo esta ley, pero exigió al Gobierno que diera a los afectados una oportunidad “razonable” de impugnar en los tribunales. La ley sólo se ha invocado tres veces en la historia, la más reciente durante la II Guerra Mundial; el máximo tribunal no ha escuchado argumentos de fondo aún sobre si Trump puede usarla contra una pandilla.
Varios jueces federales, incluyendo a Sweeney, emitieron órdenes de suspensión temporal de las deportaciones en sus áreas en respuesta al fallo inicial de la Corte Suprema.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó al máximo tribunal que suspendiera las deportaciones de un centro de detención en el norte de Texas donde un juez no las había vetado, alegando que los migrantes venezolanos recibieron una notificación en inglés de su expulsión pendiente y no se les informó del derecho a impugnarla judicialmente. La Corte Suprema prohibió esas deportaciones con una orden inusual emitida de madrugada.
El Gobierno federal argumentó que era demasiado pronto para que los tribunales actuaran, ya que no pretendía deportar a los demandantes individuales que presentaron la demanda en ese momento. Sin embargo, Timothy Macdonald, abogado de ACLU, sostuvo que se trataba de una maniobra que podría llevar a la Administración a deportar rápidamente a alguien en cuanto un tribunal decidiera que no tenía jurisdicción sobre su caso.
Sweeney estuvo de acuerdo, prorrogó su orden y programó la audiencia para decidir si debía convertirla en permanente.
