Primero declararon su muerte, luego descubrieron que estaba vivo cuando le iban a hacer la autopsia y, ahora, está pidiendo una indemnización de más de 55,000 dólares.
La historia de Gonzalo Montoya, un preso español, comenzó el 7 de enero de 2018 cuando las autoridades penitenciarias donde estaba recluido certificaron que había fallecido.
Según su abogado Luis Tuero Fernández, el preso fue dado por muerto debido a la falta de comprobación “médica y técnica” necesaria para confirmar “la realidad del fallecimiento”, ya que “un simple electrocardiograma” o una monitorización de la función cardíaca hubieran permitido descartar la muerte “de inmediato”.
Según los documentos del caso, sobre las 8:00 am horas del 7 de enero de 2018, cuando iba a realizarse el recuento diario de internos en la cárcel de Asturias (norte de España) donde estaba internado, funcionarios del Centro Penitenciario de Asturias encontraron a Gonzalo Montoya en la celda 34 del módulo 8 “inmóvil, inconsciente, con muy baja temperatura corporal y sin señales de respiración”.
Ante esta situación, se avisó a los médicos del Centro Penitenciario, que le examinaron “superficialmente” y concluyeron “precipitadamente” que había fallecido.
Dentro de una bolsa
Así, certificaron su muerte y seguidamente se comunicó oficialmente el fallecimiento al Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, que se encontraba en funciones de guardia.
A continuación, fue introducido en una bolsa de plástico de las utilizadas para el transporte de cadáveres y trasladado en un vehículo funerario al Instituto de Medicina Legal de Asturias (IMLA) para que se le realizase la autopsia.
Sus familiares confirmaron entonces que el cuerpo ya había sido marcado para la examinación post mortem. Además, explicaron que el preso sufre de ataques epilépticos y que sospechan que esta condición llevó a la errada certificación de su muerte.
El preso había sido condenado por el delito de robo de chatarra. T iene una medicación prescritapara controlar sus ataques epilépticos, aunque los familiares indicaron que su rutina en prisión pudo haber provocado que no tomara la medicina en las horas correctas.
En el último momento
En todo caso, cuando el recluso iba a ser colocado en la mesa de autopsias, comenzó a emitir “ronquidos y gruñidos y a moverse”, por lo que personal del IMLA abrió la bolsa, encontrándole allí “consciente, muy agitado y con graves dificultades para respirar”, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Para tratar las dolencias, que a juicio del letrado se ocasionaron “por el deficitario trato que se le dispensó” por los servicios médicos del Centro Penitenciario de Asturias, G.M. tuvo que permanecer ingresado 10 días, del 7 al 16 de enero de 2018, sometido a un fuerte tratamiento farmacológico y aplicándole varias sesiones de hemodiálisis para salvar sus riñones.
Ahora, más de un año después, Montoya reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una indemnización de 50,000 euros (más de 56,000 dólares) por los daños morales y los perjuicios causados, tanto física como psíquicamente, a él y a su familia.
