El presidente Donald Trump, ordenó este jueves la realización “de inmediato” de un nuevo censo “de alta precisión” que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y excluya a los migrantes que se encuentren en el país “ilegalmente”, un año antes de las elecciones de medio mandato y en medio de una polémica nacional por la redistribución de mapas electorales.
“He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo censo de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024”, escribió en su red Truth Social. El último censo de población de Estados Unidos se realizó en 2020 y el próximo está previsto para el 2030.
“Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”, añadió Trump, utilizando mayúsculas y repitiendo una idea que ya había presentado en 2020. El republicano, que desde que regresó al poder en enero ha recrudecido su política de deportaciones y denegación de asilo, dio esta instrucción pese a que los censos siempre han tenido el mandato de contar a todas las personas que viven en el país independiente de sus estatus.
Redibujar el mapa
Las acciones del mandatario estadounidense coinciden con una aguda controversia a nivel nacional por el intento de legisladores republicanos en Texas de redibujar el mapa electoral del estado, una propuesta impulsada por Trump que añadiría cinco escaños para su partido en la Cámara Baja estadounidense de cara a los comicios de medio mandato en 2026.
Según la Constitución del país, que estipula la frecuencia y procedimientos de la pesquisa, estos se realizan cada 10 años y sus resultados son los únicos válidos para la asignación de los distritos electorales y la representación en el Congreso. El Congreso, en la actualidad bajo control republicano, tiene la facultad de ordenar censos adicionales o intermedios a través de leyes ordinarias, aunque solo se utilizan con fines estadísticos y sus hallazgos no deben ser usados para la redistribución de distritos.
Un cambio en el recuento oficial del censo podría transformar el Congreso, el colegio electoral y las políticas públicas del país.
