Luego de presentarse ante la justicia, el juez competente en la causa sobre otro caso de fraude en el sistema de salud, este jueves se le han dictado medidas cautelares a la prisión a 4 de los 45 implicados en las supuestas compras de medicamentos entre los años 2010-2014.
Cabe recordar que, en este caso se habían entregado previamente 31 personas, llegando a totalizar hasta el momento 35, faltando 10 por presentarse ante los tribunales.
Sobre el caso:
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó requerimiento fiscal en contra de 45 exfuncionarios públicos que se desempeñaron como directores, administradores y encargados de almacén de hospitales regionales y departamentales de salud a nivel nacional asimismo contra representantes de empresas privadas, por varios delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.
Según las investigaciones, supuestamente entre los años 2009 y 2014, se llevaron a cabo 208 procesos de compras irregulares de insumos médicos y farmacéuticos por un valor total de L.77,945,993.83, sin que se recibieran los suministros pactados. Las compras se adjudicaron a las empresas: QUIMTEC, LOFARMA, INCORSA, CEDISA, DICOMER y LABORATORIOS D’ LA ROJA, en procesos que evadieron los controles de la Ley de Contratación del Estado, sin presupuestos asignados, sin garantías, y en muchos casos, con documentos que aparentaban entregas no verificadas.
Los hospitales afectados fueron: Hospital de San Lorenzo, Hospital del Sur (Choluteca), Hospital Santa Rosa de Copán, Hospital de Puerto Lempira, Hospital Santa Bárbara Integrado, Hospital Dr. Aníbal Murillo Escobar (Olanchito), Hospital de La Ceiba, Hospital Dr. Salvador Paredes (Trujillo), Hospital de Roatán, Hospital de El Progreso y Hospital de Gracias, Lempira, entre otros.
Las investigaciones revelan además indicios de colusión entre funcionarios y empresarios, incluyendo conflicto de interés directo de una exjefa del Departamento Legal de la Secretaría de Salud, quien también figura como socia de una de las empresas beneficiadas. Algunas de estas empresas no estaban registradas en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), no contaban con permisos municipales, ni con garantías legales, y se constató que pertenecían a un mismo grupo familiar, utilizando estructuras empresariales simuladas.
El Ministerio Público ratifica su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción y continuará llevando ante la justicia a quienes hayan defraudado al Estado y vulnerado el derecho del pueblo hondureño a una salud pública digna.
