Francisco Morazán. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) acude en este momento a la audiencia de declaración de imputado en la causa penal instruida en contra de Carmen Alejandra Morales Sarmiento, esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo), hijo del excomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández.
Morales Sarmiento, recién se entregó a la justicia, luego que entre julio y agosto de 2017 se ejecutara la Operación “Perseo”, donde se había emitido una orden de captura en su contra por el delito de lavado de activos.
Por este caso la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) aseguró 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están autobuses y camiones de carga, además se congelaron diversas cuentas bancarias y se allanaron y aseguraron varias sociedades mercantiles.
Indagaciones de la UF – ADPOL y ATIC, determinan que la imputada movió de forma ilícita cerca de siete millones de lempiras, adquiriendo además bienes inmuebles y siendo socia de algunas sociedades mercantiles de la familia Barralaga.
A Barralaga, colaboradores y núcleo familiar lo comenzó a investigar la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), culminando dichas diligencias la UF-ADPOL junto a la ATIC, quienes completaron la carga probatoria y presentaron las acciones legales correspondientes por el delito de lavado de activos.
De acuerdo con los expertos forenses en delitos financieros, en este caso se movieron más de 1900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados. Las indagaciones además muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
El juicio contra el excomisionado Barralaga Hernández y Montse Paola Fraga Duarte (esposa del narcotraficante Wilter Blanco) está programado a desarrollarse del 14 al 25 de octubre del presente año. Recientemente se emitió orden de captura en contra Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez, esposa y cuñada del exalto jerarca policial, respectivamente y a quienes se les revocó un sobreseimiento provisional y se les dictó Auto de Formal Procesamiento con Prisión Preventiva, por lavado de activos.
