Los partidarios del ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) reforzaron los bloqueos de caminos en varios puntos del país, con los que exigen la renuncia de los magistrados que extendieron su mandato, luego del aplazamiento de los comicios judiciales que debían celebrarse el año pasado.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional también dictaron la Sentencia Constitucional 1010/2023, en donde se inhabilita a Morales para postularse a la presidencia, ya que esta anula la reelección indefinida y afirma que “no es un derecho humano”.
Los sectores afines a Morales, quien es líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), se concentraron en esta segunda jornada de protestas, principalmente en el departamento central de Cochabamba, que articula las carreteras que unen a Santa Cruz con La Paz, en el oeste.
Uno de los puntos más críticos fue en la localidad de Parotani, a 40 kilómetros al oeste de Cochabamba, donde hubo enfrentamientos entre un grupo de mineros, que utilizaron dinamita y despeñaron piedras para obstruir la carretera, con la Policía que respondió con gases lacrimógenos.
“El Gobierno nacional, en lugar de resolver las justas demandas del pueblo que defiende la democracia, reprime y amenaza con criminalizar la protesta social”, cuestionó Morales en la red social X.
El corte de caminos causó que decenas de camiones de carga que llevaban mercadería al occidente del país quedaran detenidos en filas de varios kilómetros.
En varias de las estaciones de buses terrestres del país los servicios quedaron suspendidos, como el caso de la terminal de Santa Cruz, en donde los pasajeros pasaron la noche debido a los bloqueos en la localidad de Yapacaní, cercana al límite con Cochabamba.
Muchos camiones de carga que partieron de Santa Cruz se quedaron en la ciudad contigua de Montero, mientras que el combustible comenzó a escasear en las estaciones de provisión.
Santa Cruz es la región boliviana que produce la mayor cantidad de alimentos que se consumen en el país y se teme que comiencen a faltar, puesto que los seguidores de Morales indicaron que las protestas se masificarán.
Postura del Gobierno
“El perjuicio del paro que ocasionan estos políticos a la cabeza de Evo Morales es de 121 millones de dólares al día”, declaró a los periodistas el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.
El titular de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que la estatal Boliviana de Aviación (BoA) habilitó “vuelos solidarios” en la ruta de Cochabamba a Santa Cruz y que el miércoles hará lo mismo entre Cochabamba y La Paz.
Montaño dijo que Morales “está realizando bloqueos sin importarle la economía del pueblo” por “angurria” a su candidatura presidencial para los comicios de 2025.
“El único responsable ante una situación (tragedia) que vaya a pasar en un bloqueo es don Evo Morales Ayma”, advirtió el dirigente de las Comunidades Interculturales, Adalid Carvajal, cercano al Gobierno de Luis Arce.
Conflicto por las judiciales
En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TCP) amplió el mandato de los magistrados de las principales cortes del país bajo el argumento de evitar un “vacío de poder” y de manera extraordinaria hasta que se realice una nueva elección.
La medida fue rechazada por los opositores y los sectores afines a Evo Morales, que acusaron al Gobierno de “instruir” sentencias y hacer “pactos políticos” con la Justicia.
Este martes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, indicó que ese ente tiene “todo listo” para administrar los comicios judiciales en cuanto el Parlamento apruebe la convocatoria y el reglamento de preselección y selección de postulantes a altos cargos del poder Judicial.
En el Legislativo existe una pugna entre el bloque oficialista “evista” afín a Morales que controla el Senado y la facción “arcista” del Gobierno que dirige la Cámara de Diputados.
El ala “evista” pide que la Cámara Baja apruebe una ley de convocatoria que ya aprobó el Senado, mientras que el Gobierno y sus legisladores piden que se considere otra propuesta de norma.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento.
El proceso de preselección para las elecciones en 2023 quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales.
