Más retos que compromisos cumplidos ha dejado hasta ahora el proceso de instalación de una comisión internacional contra la corrupción en Honduras, de acuerdo con el análisis presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional detalló cuáles de las acciones adoptadas por el gobierno cumplen con el compromiso suscrito con Naciones Unidas y cuáles no.
La instalación de la CICIH fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien afirmó durante la toma de posesión el 27 de enero de 2022 que la instalación de la CICH era una “tarea inmediata” para el combate a la corrupción e impunidad.
El memorándum de entendimiento entre el gobierno hondureño y Naciones Unidas fue firmado el 15 de diciembre, tres meses después, pero sólo el acuerdo referente al fortalecimiento del sistema judicial -de los cinco compromisos correspondientes a la primera etapa- ha sido cumplido hasta ahora con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Cabe señalar que, sin mayores avances en la primera etapa de implementación, los avances en la segunda etapa son menores. Con respecto al marco legal, el único avance ha sido la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, y el artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Por otro lado, existen obstáculos normativos, tales como las restricciones impuestas al Ministerio Público para la investigación, acceso y resguardo de la información, que perjudican la lucha contra la corrupción y han sido denunciados por instituciones, sector privado y sociedad civil. Esto evidencia poco compromiso y falta de voluntad política para activar acciones con Naciones Unidas.
Entre los temas pendientes se encuentran: el fondo departamental, acceso a documentos del Tribunal Superior de Cuentas, limitaciones al Ministerio Público incluidas en el Código Procesal Penal, la Ley contra el Lavado de Activos, Código Penal y Ley de Amnistía Política; así como reformas legales que garanticen la libertad de la CICIH para la presentación de requerimientos fiscales, de manera compartida con el Ministerio Público; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Ley del Ministerio Público y Ley del Servicio Civil, Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, y Ley de Contratación del Estado.
Además, se requiere la creación de nuevas leyes, tales como: Ley de Colaboración Eficaz, Ley del Consejo de la Judicatura, Ley de Selección de Altos Funcionarios Públicos, Ley sobre Conflictos de Interés y Nepotismo.
“La falta de voluntad política podría representar un impedimento para la instalación de la CICIH en el país. El gobierno debe generar las condiciones para que la instalación de la CICIH sea independiente, autónoma y con un funcionamiento integral en cuanto a la investigación, judicialización y obtención de condenas en gran corrupción”, señaló Juan Carlos Aguilar, subdirector de Democracia y Transparencia de ASJ.
