En el marco de la emergencia nacional ante la pandemia del coronavirus Covid-19, el Presidente del Poder Judicial, Rolando Edgardo Argueta Pérez, se reunión este día con funcionarios de la Defensa Pública y Jueces de Ejecución para continuar el Plan de Descongestionamiento de los centros penitenciarios del país, impulsado por este Poder del Estado desde el año anterior.
La reunión tuvo por objetivo tomar decisiones inmediatas con respecto a privados de libertad que cumplen con los requisitos que otorga la ley para gozar del beneficio de preliberación, libertad condicional o se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
En este sentido, Argueta Pérez instruyó al Director de la Defensa Pública, Manuel Antonio Pacheco, para que junto a la Coordinación de la Unidad de la Fase de Ejecución de la Pena se personen ante el Instituto Nacional Penitenciario a fin de que este ente haga entrega de los listados de privados de libertad que reúnen los requisitos para que puedan aplicar al beneficio de preliberación o libertad condicional que, de acuerdo a la auditoría penitenciaria practicada por parte del Poder Judicial, suman al menos 1,565 ciudadanos divididos así: un total de 698 en proyección de ser beneficiados con preliberación; 816 con el beneficio de libertad condicional y unas 51 personas que padecen enfermedades en fase terminal o enfermedades del sistema nervioso central; y en el caso de mujeres que tengan hijos menores de 4 años dentro del centro penitenciario y que cumplan los requisitos establecidos.
Desde el año pasado se impulsa por parte de la Presidencia del Poder Judicial el proyecto de descongestionamiento de los centros penitenciarios el que benefició a 3,838 privados de libertad en el 2019 (3,611 hombres y 227 mujeres) y a 214 (198 hombres y 16 mujeres) en lo que va del 2020. Gracias al trabajo conjunto de la Defensa Pública, los Juzgados de Ejecución y del Instituto Nacional Penitenciario ha sido posible que este beneficio haya sido aplicado a esta población en condición de vulnerabilidad.
Este Plan cobra una especial relevancia en este momento que el país afronta una emergencia sanitaria de carácter nacional, por lo que en la reunión sostenida este día se verificaron los avances concretos en el proceso de descongestionamiento de las cárceles del país y se establecieron las acciones de continuidad en el marco de la emergencia nacional, pero en ninguno de los casos será de aplicación a delitos con penas graves o relacionados a criminalidad organizada.
De acuerdo al artículo 76 del Código Penal vigente, “se podrá conceder la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena, en los casos de condena a reclusión que exceda de tres años y no pase de doce; o que haya sufrido las tres cuartas partes de la pena, cuando ésta exceda de doce años, y concurran además, en ambos casos, las siguientes circunstancias: 1) Que el reo no haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad, por otro delito doloso. 2) Haber observado buena conducta durante su permanencia en el establecimiento penal y contraído hábitos de trabajo, orden y moralidad, que patenticen su arrepentimiento y propósito de enmienda. 3) Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los casos de delitos contra la propiedad y cumplido las demás obligaciones civiles, derivadas del delito, o demuestre su incapacidad económica para satisfacer las últimas”.
La Ley de Rehabilitación del Delincuente en su artículo 49 establece que el tratamiento pre-liberacional, comprende información y orientación con el interno y sus familiares, la concesión de mayor libertad dentro del establecimiento, el traslado a un institución abierta; y permisos de salida a fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o bien, salida en días hábiles con reclusión de fin de semana.
