El Ministerio Público (MP) a través de un comunicado, dio a conocer este miércoles el requerimiento fiscal contra cinco exdiputados y dos particulares por millonario fraude en el Congreso Nacional.
A continuación, el comunicado…
13 de diciembre de 2023
Tegucigalpa. Francisco Morazán.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal por un fraude que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de ellos que fungieron en su cargo en el periodo de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014.
La acusación incluye a dos personas más que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, luego de presuntamente confabularse con los congresistas para drenar más de 42 millones de lempiras (L. 42,500,000.00) de las arcas del CN a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
De acuerdo al requerirniento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
Asirnisrno, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departarnental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.
El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un período de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
Ahora presentada la acusación, el Ministerio Publico espera se libren las órdenes de captura correspondientes en contra de los siete imputados señalados en esta línea de investigación.
