El Gobierno de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica a 1,500 organizaciones civiles. La mayoría religiosas, de excombatientes y deportivas.
Desde 2018, es el mayor cierre de oenegés hecho en un solo día. Con este cierre masivo de organizaciones se calcula que más de 5,000 entidades no gubernamentales han sido eliminadas en Nicaragua.
La cancelación de las 1,500 organizaciones fue hecha por el Ministerio de Interior a través de acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado este lunes 19 de agosto en el diario oficial La Gaceta.
Casi la mitad vinculadas a las iglesias católica y evangélica
Cerca de 700 de las organizaciones canceladas son asociaciones y fundaciones religiosas vinculadas a las iglesias católica y evangélica.
También aparecen en la lista de oenegés ilegalizadas asociaciones empresariales, agrícolas, hípicas, deportivas, educativas y juveniles. Se suman al listado organizaciones comunitarias, culturales, indígenas y afrodescendientes.
Asimismo, fueron canceladas varias organizaciones de excombatientes de la contra, Yatama y del Sandinismo; entre estas, la Asociación de Retirados del Ejército de Nicaragua de la Especialidad de Contrainteligencia Militar.
Además aparecen en la lista la Casa de los Tres Mundos de Granada, la Fundación Pantaleón, los Clubes de Rotarios y la Alianza Francesa de León. Es también parte de la diversidad de organizaciones canceladas, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles y otras organizaciones de derechos de la diversidad sexual. Aparecen también, decenas de organizaciones que trabajaban por los derechos de las personas con discapacidad.
Quedan menos de 2 mil
Efraín Ordoñez, de la Asociación de Desarrollo Local (Red Local) afirmó que la cancelación de 1,500 oenegés hecha en un solo acuerdo ministerial, es algo sin precedentes, que “no se había visto antes en Latinoamérica”.
Ordoñez asegura que antes de esta última cancelación, Red Local registraba 3,658 organizaciones canceladas, por lo que ahora las oenegés cerradas suman 5,158.
Asimismo, refiere que en Nicaragua habían un poco más de 7 mil oenegés registradas, por lo que con esta nueva barrida, quedaría aproximadamente 1,800.
“Eso significa cierre total del espacio cívico; significa menos beneficios para la población, porque el gobierno no tiene el dinero y recursos humanos para trabajar con comunidades que han sido poco beneficiadas por programas estatales”, aseguró Ordoñez.
La fuente destacó que, con la ilegalización de las oenegés, el régimen “quiere deshacerse de los organismo que no le sirven y el resto que quedan, quieren que sean un brazo del Estado, u organizaciones paraestatales”. Agregó que esta última arremetida contra la libertad de asociación estaría relacionada con el anuncio que, Rosario Murillo, hizo el viernes 16 de agosto sobre la nueva forma en que las oenegés tendrán que trabajar sometiendo todos sus proyectos a la aprobación y control de la dictadura.
“Eso significa menos proyectos que beneficien a la población pues los donantes pensarán dos veces si darán recursos con esta manera de trabajo que anunció el régimen”, aseguró Ordoñez
A través de una comunicación en medios oficialistas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que los Organismos No Gubernamentales que funcionan en Nicaragua se regirán por el modelo de operatividad “Alianzas de Asociación”.
Con eso, cada ONG deberá presentar al Ministerio del Interior o a la Cancillería, las propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares. “El Gobierno y las Entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas”, menciona la comunicación.
En la misma, se anunció que se trabajará en la actualización del Registro de los ONG ante Ministerio del Interior y la Cancillería.
Propiedades y bienes pasarán a nombre del Estado
El acuerdo ministerial que da por canceladas las organizaciones establece que los bienes muebles e inmuebles de éstas, pasarán a nombre del Estado y que le corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso.
El argumento en el que se centra la dictadura para hacer efectivo el cierre de las organizaciones es que estas incumplieron las leyes que las regulan, “ya que no reportaron por periodos de entre 01 y 35 años sus Estados Financieros conforme períodos fiscales”.
