Volker Türk, alto comisionado de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos felicitó a Honduras por las medidas adoptadas el año pasado sobre reconocimiento de tierras ancestrales y protección de recursos naturales.
No obstante, señaló que los defensores de la tierra son blanco de ataques, amenazas, intimidación y criminalización ya que su organismo registró el año pasado un total de 284 ataques contra 319 víctimas, entre personas y organizaciones.
En la presentación del informe anual de su oficina sobre Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos, Türk mencionó que los defensores del medio ambiente siguen en riesgo y representan el 47 % de las víctimas.
Además, manifestó que su oficina recibe con regularidad denuncias de violaciones de derechos humanos en el marco del estado de excepción vigente desde 2022 “El estado de emergencia encabezado por fuerzas militares sigue vigente en las cárceles, resultando en el uso desproporcionado de la fuerza en tres incidentes importantes que dieron lugar a tres presuntas ejecuciones extrajudiciales y 161 casos de malos tratos”, increpó.
Muertes de defensores
En un comunicado resiente emitido el 2 de marzo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), señaló que la labor que desempeñan en Honduras los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, es de “alto riesgo”, por lo que incitó a las autoridades del país a garantizar medidas para proteger la integridad y la vida de estos.
Según el Conadeh, alrededor de 35 defensores de la tierra murieron de manera violenta entre 2022 y lo que va de 2025. El coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Conadeh, Frank Cruz, condenó “en los últimos años la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares”.
Los más vulnerables
Según el Conadeh los sectores más vulnerables, son las comunidades afrohondureñas, campesinos y defensores de derechos humanos, que cuentan con recursos naturales y bienes comunes en sus territorios.” Honduras sigue siendo un país de alto riesgo para los defensores del medio ambiente, de la tierra y de los territorios como de los bienes comunes”, expresó Cruz.
Además, el organismo señaló que casi hay una veintena de sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado de Honduras, desde 1989, y tres de ellas están relacionadas con el asesinato de ambientalistas.
El primer caso fue el de Blanca Jeannette Kawas, asesinada el 6 de febrero de 1995 en Tela, Atlántida. Asimismo, el segundo, fue el de Carlos Escaleras, un reconocido defensor del ambiente y de los derechos humanos, asesinado el 18 de octubre de 1997 en Tocoa, Colón. Y el tercero es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, asesinado el 18 de mayo de 1998.
También cabe mencionar, que el 2 de marzo de 2016 fue asesinada la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país que afectaría a comunidades indígenas.
