La Dirección Policial de Investigaciones confirmó que 310 menores de edad fueron aprehendidos durante los primeros seis meses de 2026 por su supuesta participación en distintos ilícitos. Según las cifras oficiales, en el mismo período de 2025 fueron 174, por lo que el aumento interanual fue de aproximadamente 78%.
El portavoz de la institución, Wilfredo Maldonado, señaló que las estadísticas muestran que cada vez más adolescentes están siendo vinculados a actividades delictivas.
“Es lamentable informar este tipo de situaciones porque son 310 menores aprehendidos por diferentes infracciones en lo que va del 2026”, manifestó el funcionario.
Según la DPI, entre los delitos que con mayor frecuencia motivaron las detenciones destacan el tráfico de drogas, el robo, el porte ilegal de armas de fuego, los delitos contra la vida y los delitos sexuales.
Las autoridades policiales aclararon que todos los adolescentes detenidos son sometidos al procedimiento establecido en la legislación hondureña para menores en conflicto con la ley.
Maldonado explicó que estos casos son conocidos bajo el marco jurídico especializado que contempla la Ley de la Niñez y la Adolescencia, que establece procedimientos diferenciados respecto de los aplicados a personas adultas.
¿Qué dice la ley hondureña?
En Honduras, la legislación contempla un sistema especial de justicia juvenil para personas de entre 12 y 18 años que presuntamente han cometido delitos, conforme a los compromisos internacionales adquiridos por el país mediante la Convención sobre los Derechos del Niño.
Durante la misma comparecencia, el portavoz de la DPI informó que en lo que va del año las fuerzas investigativas han logrado desarticular 17 estructuras criminales.
Estas organizaciones, según la institución, estaban dedicadas a actividades ilícitas como secuestro, lavado de activos, tráfico de drogas y otros delitos que afectan la seguridad nacional.
Las investigaciones continúan para identificar a otros integrantes de estas redes y llevarlos ante la justicia.
El incremento de adolescentes vinculados a actividades criminales ha sido motivo de preocupación para organismos internacionales dedicados a la protección de la niñez.
