El decreto de amnistía política en Honduras, aprobado bajo el Decreto 04-2022 (conocido por sus críticos como el “Pacto de Impunidad”), ha beneficiado a una amplia gama de personas, desde exfuncionarios hasta defensores sociales.
El polémico decreto de amnistía beneficia a figuras como; José Antonio Torres Meza; Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia, Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula; también Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, César Arnulfo Salgado, extitular del FHIS y Rafael Barahona, exgerente administrativo de Relaciones Exteriores.
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Actualmente el Congreso ha abierto la discusión para derogar este decreto. Diputados de la oposición han presentado iniciativas para dejarlo “sin valor ni efecto”, argumentando que ha servido para proteger actos de corrupción bajo el manto de persecución política.
Si se concreta la derogación, el Poder Judicial tendría la responsabilidad de revisar caso por caso. Esto implicaría determinar si los beneficios fueron otorgados correctamente o si deben reactivarse los procesos penales que quedaron suspendidos.
Por otro lado, según explicó la abogada y exjueza Karla Romero, las personas que ya recibieron cartas de libertad no podrían perder ese beneficio, aun si se aprueba la nueva propuesta.
