Más de un millón de personas podrían quedar pronto sujetas a deportación tras la decisión de la Corte Suprema sobre una medida de alivio humanitario que se había concedido a ciertas nacionalidades, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos.
El Gobierno de Trump había intentado poner fin a este alivio, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), para 13 de los 17 países que contaban con dicha designación. Varios tribunales federales impidieron que la administración siguiera adelante con esas cancelaciones tras las demandas presentadas por defensores de los inmigrantes.
La Corte Suprema falló a favor del Gobierno de Trump respecto al TPS, dictaminando esencialmente que los tribunales no tienen competencia para decidir sobre esta cuestión.
Es probable que las impugnaciones legales contra la administración por la revocación del TPS para varios países sean desestimadas debido a la decisión del tribunal, por lo que la administración podrá continuar con sus planes. Las personas protegidas contra la deportación bajo las designaciones que la administración ha intentado revocar perderían dichas protecciones, incluidos sus permisos de trabajo.
“Ciertamente es muy posible ahora que la Corte Suprema ha despejado el camino para que la administración lleve a cabo la deportación masiva de este más de un millón de personas provenientes de estos países”, afirmó Ahilan Arulanantham, profesor de derecho de la Facultad de Derecho de la UCLA y abogado que presentó los argumentos en el caso del TPS para Siria ante la Corte Suprema. “Sería el mayor evento de privación de estatus legal de personas en la historia de Estados Unidos”.
Estos son los países para los cuales la administración ha intentado cancelar el TPS:
- Haití
- Siria
- Venezuela
- Honduras
- Afganistán
- Nepal
- Camerún
- Myanmar (Birmania)
- Etiopía
- Somalia
- Sudán del Sur
- Yemen
- Nicaragua
La decisión de la Corte
Al redactar la opinión de la mayoría, el magistrado Samuel Alito sostuvo esencialmente que la Corte Suprema no podía examinar si el Gobierno de Trump había evaluado adecuadamente dicho estatus para haitianos y sirios, dado que la ley impide a los tribunales hacerlo.
“Las decisiones del secretario sobre la designación del TPS no están sujetas a revisión judicial”, escribió Alito en nombre del tribunal. “El texto de la disposición que prohíbe la revisión judicial del TPS prevalece claramente sobre la presunción general a favor de dicha revisión”.
Alito también señaló que no prosperó la demanda de los litigantes basada en la cláusula de igualdad de protección. Los demandantes haitianos habían argumentado que los comentarios de Trump sobre Haití durante su campaña demostraban animosidad racial.
“Ninguna de las declaraciones citadas, ya fuera del presidente o del secretario, tenía un carácter abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían fundamentarse en razones ajenas a la raza”, escribió Alito.
El equipo legal que representa a un grupo de ciudadanos haitianos advirtió que la decisión “provocará directamente que miles de personas inocentes sufran muertes violentas e innecesarias”.
“Esta decisión pondrá en peligro a los haitianos beneficiarios del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de aquello que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros”, señalaron en un comunicado Geoff Pipoly y Andy Tauber, abogados principales de los haitianos.
“Es un día muy triste, no solo para los haitianos con TPS, sino para cualquiera que crea, al igual que nosotros, que los inmigrantes son una de las mayores fortalezas de Estados Unidos”, afirmaron los abogados.
