Una veintena de presos en Argentina comenzó una huelga de hambre para exigir su traslado a detenciones domiciliarias por temor a engrosar las listas de víctimas de la pandemia del coronavirus.
La medida extrema refleja que la emergencia de salud agrava la crisis carcelaria en un país en donde, de acuerdo con datos oficiales de la Procuración Penitenciaria, hay más de 14.000 personas detenidas en centros federales, aunque la capacidad máxima es para 12.000. La sobrepoblación se repite en todos los niveles ya que, si se toman en cuenta cárceles provinciales y comisarías, en Argentina hay más de 100.000 presos. Además, el 60% de ellos cumplen prisión preventiva, lo que implica que ni siquiera han sido condenados y, aun así, siguen encerrados.
El coronavirus exacerbó los reclamos de los presos que acudieron en masa a sus abogados para tramitar la domiciliaria. Y al no obtenerla, algunos optaron por la huelga de hambre.
Uno de ellos es Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El exfuncionario cumple una condena a ocho años de prisión, en el penal de Ezeiza, por administración fraudulenta, dádivas y sustracción de documentos en el caso de un choque ferroviario que dejó un saldo de 51 muertos. Además, están en marcha otros juicios en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y por una irregular compra de trenes a España y Portugal.
Sus abogados esgrimieron que Jaime padece hipertensión arterial y tiene 65 años, por lo que forma parte de la población de riesgo de la pandemia, pero los argumentos no convencieron al tribunal, que decidió que permanezca en prisión a pesar de que el propio Servicio Penitenciario Federal lo incluyó en la lista de 1.280 detenidos que, por su edad y enfermedades preexistentes, podrían acogerse al beneficio de las domiciliarias.
Por eso el exfuncionario decidió iniciar una huelga de hambre junto con otros presos de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y la de Villa Devoto, que es el único penal federal de la ciudad de Buenos Aires.
A sabiendas de la crisis de sobrepoblación, de los crecientes reclamos de los presos y de los riesgos de motines y estallidos de violencia, la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los máximos órganos judiciales de Argentina, recomendó esta semana a los tribunales que faciliten el otorgamiento de detenciones domiciliarias a mujeres embarazadas o que estén con sus hijos menores en los penales; grupos de riesgo de contraer coronavirus, personas que padecen enfermedades crónicas, reos imputados de delitos no violentos, que estén cumpliendo condenas menores a tres años o que ya puedan acogerse al beneficio de salidas transitorias o libertad condicional.
