El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició este martes el juicio de destitución del presidente Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto el mes pasado una ley marcial.
En la noche del 3 de diciembre, el dirigente conservador sumió al país en su peor crisis política en décadas al suspender el orden civil y enviar al ejército al parlamento para intentar evitar infructuosamente que los diputados revocaran la medida.
Yoon se encuentra atrincherado desde entonces en su residencia de Seúl, haciendo caso omiso de las citaciones de interrogatorio y usando su guardia presidencial para evitar el arresto por parte de los investigadores que lo acusan de insurrección.
Suspendido de sus funciones tras la aprobación de una moción de destitución en la Asamblea Nacional, el cargo de Yoon está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que dispone de seis meses para ratificar o rechazar la decisión tomada por los diputados.
La primera audiencia de las cinco previstas comenzó este martes alrededor de las 14:00, hora local, pero terminó a los pocos minutos ante la ausencia de Yoon, informó un portavoz de la corte.
Las siguientes sesiones tendrán lugar los días 16, 21 y 23 de enero y el 4 de febrero.
Los abogados de Yoon ya habían avisado de que el dirigente no iba a comparecer en esta primera audiencia por cuestiones de seguridad, pero que pretende asistir en fechas posteriores si estas inquietudes se resuelven.
“Han surgido temores por su seguridad y posibles incidentes. Por ello, el presidente no podrá acudir al juicio el 14 de enero”, afirmó su abogado Yoon Kab-keun a un medio de comunicación.
Aunque no llegue a presentarse, el procedimiento puede avanzar en su ausencia.
El tribunal dispone de 180 días desde el 14 de diciembre, cuando recibió el caso, para decidir si el presidente vulneró la Constitución al imponer la ley marcial.
“El caso se centra únicamente en la situación de la ley marcial, con lo que los hechos no son particularmente complejos”, dijo el jurista Kim Nam-ju.
“Como la mayoría de personas implicadas ya han sido encausadas y los hechos se han establecido, no parece que vaya a tomar mucho tiempo”, agregó.
Sin embargo, el equipo legal de Yoon reclama que el tribunal agote los 180 días de margen, especialmente para examinar “qué condujo a la declaración de la ley marcial”.
En su declaración televisada a principios de diciembre, el presidente justificó la medida por las amenazas de Corea del Norte y la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.
Intento de arresto
Al margen de su destitución, Yoon se enfrenta a una causa por insurrección, un delito que en Corea del Sur puede acarrear la cadena perpetua o la pena capital.
El equipo conjunto de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) y de la policía encargado del caso prepara un segundo intento de arresto del presidente, sobre el que pende una orden de captura.
A principios de mes, los investigadores abortaron un primer intento de arresto al toparse dentro de la residencia de Yoon con cientos de miembros armados de su guardia presidencial.
Los medios especulan que pueden volver a intentarlo esta semana y la agencia de noticias local Yonhap informó de un encuentro este martes entre la OIC, la policía y los servicios de seguridad de la presidencia.
La oficina anticorrupción dijo que está preparando exhaustivamente este segundo intento y la prensa ha informado de que la policía está movilizando mil agentes para llevarlo a cabo.
Mientras, en la residencia de Yoon en el centro de Seúl, sus servicios de seguridad reforzaron el recinto con alambradas de púas y han bloqueado algunas vías de acceso con autobuses.
