La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional de Honduras inició el análisis de una propuesta de reforma a la Ley Electoral impulsada por exintegrantes de organismos electorales.
El plan contempla cambios a más de 70 artículos y cinco nuevas disposiciones para corregir fallas señaladas tras las elecciones de 2025.
El coordinador de la comisión, Antonio Rivera Callejas, informó que la iniciativa busca actualizar la legislación vigente y dar mayor certeza jurídica al desarrollo de los comicios.
Entre las reformas planteadas figura la implementación de una segunda vuelta presidencial, para que el presidente de la República sea electo con mayor respaldo ciudadano cuando ningún candidato alcance una mayoría suficiente en la primera votación.
Otro de los puntos del documento propone la ciudadanización de las Mesas Electorales Receptoras, con el propósito de que sean integradas por ciudadanos previamente seleccionados y capacitados, en lugar de depender exclusivamente de representantes de los partidos políticos.
La iniciativa también plantea modificar la forma en que se adoptan las decisiones dentro de los organismos electorales. Propone que las resoluciones puedan aprobarse por mayoría de votos y no por unanimidad, como ocurre actualmente en determinados procedimientos.
Rivera Callejas dijo que el proyecto incorpora nuevas disposiciones para evitar que se repitan los problemas registrados durante el proceso electoral de 2025, experiencia que, según indicó, dejó lecciones sobre la necesidad de perfeccionar la normativa vigente.
Próximos pasos en el Congreso
El congresista adelantó que la próxima semana la Comisión de Asuntos Electorales sostendrá nuevas reuniones para revisar cada una de las propuestas y determinar cuáles podrían incorporarse al dictamen que luego será sometido a discusión en el pleno del Congreso Nacional.
También recordó que Honduras ha impulsado transformaciones electorales durante las últimas décadas, entre ellas la implementación de la nueva tarjeta de identidad, la depuración del censo para excluir a personas fallecidas y la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso electoral.
Rivera Callejas reconoció que algunas de las propuestas enfrentan desafíos políticos. Mencionó la eliminación de la figura de los diputados suplentes, una reforma que, a su juicio, difícilmente alcanzaría los 86 votos requeridos para modificar la legislación electoral.
El parlamentario consideró además que, por la cercanía del próximo proceso electoral, resulta más viable introducir reformas puntuales a la Ley Electoral vigente que elaborar un nuevo marco jurídico, ya que el tiempo disponible podría no ser suficiente para desarrollar una legislación completamente nueva.
Argumentos electorales
Por su parte, el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, explicó que el documento es el resultado del trabajo conjunto de exfuncionarios con experiencia en la organización de elecciones.
Aguilar señaló que el objetivo principal es contribuir a mejorar la credibilidad de las instituciones electorales y reforzar la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos.
En la misma línea, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, manifestó que el grupo decidió elaborar estas propuestas porque considera que aún puede contribuir al fortalecimiento del sistema electoral desde una perspectiva técnica.
Según Aguirre, los exfuncionarios optaron por presentar iniciativas concretas en lugar de limitarse a expresar opiniones sobre las deficiencias del sistema.
Trámite de aprobación
La propuesta será remitida oficialmente a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, encargada de elaborar un dictamen unificado con las iniciativas que logren consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Una vez concluido ese proceso, las reformas deberán ser discutidas y aprobadas por el pleno del Congreso Nacional y luego ratificadas en la siguiente legislatura, como establece el procedimiento constitucional para que las modificaciones a la legislación electoral puedan entrar en vigor antes de futuros procesos electorales.
