En ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), presentó antejuicio contra cinco miembros de la Corporación Municipal de La Unión, Copán, periodo 2018-2022.
Los antejuiciados son el alcalde municipal Víctor Hugo Alvarado López, la vice alcaldesa, Sonia María Lara Tabora, los regidores municipales, Henry Milthon Tabora Chinchilla, Rafael López Guevara y Fernando Trigueros Pérez, por la supuesta comisión, a título de autores directos, del delito de incitación a la discriminación en perjuicio de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las investigaciones de la FEPRODDHH, detallan que los miembros de la corporación municipal por unanimidad de votos decidieron declarar «NON GRATOS» a las ONG´s Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (ASONOG), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), y sus representantes legales.
Esta acción fue determinada debido a que los apoderados legales de estas organizaciones lograron que se ordenara el cese de las exhumaciones en el cementerio de Azacualpa, mismas que se estaban haciendo con el fin de explotar oro.
La empresa minera y el comité ambiental de la comunidad de Azacualpa, en 2012, suscribieron un convenio para exhumar osamentas en el cementerio de la comunidad que había sido utilizado por más de 200 años.
Ante los reclamos de los pobladores que fueron obligados a trasladar los cuerpos de un cementerio a otro, las ONG´s iniciaron acciones legales logrando cancelar dicho convenio en marzo del 2018; sin embargo, la empresa minera continuó con las exhumaciones con el apoyo de la Municipalidad de La Unión, Copán, situación que desde aquel entonces ha generado división entre los que apoyan la explotación minera y los defensores del medio ambiente.
