El Gobierno de la República de Honduras da a conocer las medidas que tomará el plan de intervención de los centros penales hondureños, según lo anunció la presidenta Xiomara Castro, quien, a la vez, designó a la doctora Julissa Villanueva, para que encabece esta situación incontrolable.
La decisión de intervención surge luego que se suscitarán cuatro reyertas sincronizadas en cuatro cárceles consideradas de máxima seguridad. La mandataria dijo que la viceministra Villanueva será apoyada por el Instituto Penitenciario y la Policía Nacional.
En Honduras existen 19, 966 personas que guarda prisión en cárceles en los 26 centros penitenciarios. La situación en las cárceles de Honduras sigue siendo un problema latente que se ha manifestado en diversas ocasiones. Actualmente, la sobrepoblación en los centros penales es de 6,540 reclusos, un 150 % más de su capacidad máxima, lo que ha generado un ambiente de violencia, inestabilidad y control por parte de las pandillas en el interior de las prisiones. No obstante, la presidenta Castro espera convertir las cárceles en “centros de rehabilitación” con “mano dura y orden”.
“Debemos tener esperanza los hondureños de rescatar algunas cosas difíciles del país como el tema de las cárceles que enfrentan problemas desde hace 30 años, el sistema carcelario es un tema de interés de la presidenta Xiomara Castro. Hoy se dictarán 10 medidas inmediatas que generaran los grandes cambios en las cárceles de Honduras, estoy clara que el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad será ir terminando con la militarización de los centros penales”, dijo Villanueva.
Añadió que: “Las cárceles deben respetar a las personas privadas de libertad, trabajaremos con las familias de los reos y no permitiremos situaciones ilícitas. Esta es una misión difícil, pero debe ser asumido por todo el pueblo hondureño”.
Además, El Poder Ejecutivo aprobó en marzo de 2023 la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en la isla del Cisne y entre la montaña de Patuca y Gracias a Dios, las cuales tendrán una capacidad para 1,500 personas privadas de libertad cada una, quienes estarían recluidos bajo aislamiento debido a que serán entes de alta peligrosidad: personas en proceso o sentenciadas, por delitos como narcotráfico, crimen organizado, secuestro, extorsión y por vínculos con maras y pandillas.
