El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una serie de reformas orientadas a fortalecer las acciones del Estado contra personas vinculadas a organizaciones calificadas como terroristas. Entre las nuevas disposiciones se establece que quienes sean capturados como presuntos miembros de estos grupos serán enviados a cárceles de máxima seguridad y permanecerán en áreas de aislamiento, incluso mientras esperan el desarrollo de su proceso judicial.
Las reformas también contemplan restricciones al régimen de visitas para los privados de libertad señalados por pertenecer a estas estructuras. Asimismo, las visitas de abogados deberán realizarse bajo supervisión de las autoridades penitenciarias, medida que, según lo planteado durante la discusión, busca evitar que las comunicaciones desde los centros penales sean utilizadas para coordinar actividades delictivas.
Otro de los puntos aprobados contempla reforzar los sistemas de interferencia y control de comunicaciones dentro de los centros penitenciarios, incluyendo señales de telefonía celular y dispositivos de comunicación satelital. El objetivo es impedir que las personas privadas de libertad puedan mantener contacto con integrantes de estructuras criminales en el exterior.
Las reformas también incluyen modificaciones al Código Procesal Penal. Entre ellas se plantea eliminar las medidas sustitutivas para quienes sean capturados por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, establecer que estas capturas sean consideradas en flagrancia y crear jueces especializados para conocer exclusivamente los casos relacionados con integrantes de estas estructuras. Las medidas buscan endurecer la respuesta judicial y penitenciaria frente al crimen organizado.
