Los mexicanos están entre los mayores consumidores de refrescos del mundo, así que es comprensible que cuando Coca-Cola y Pepsi anunciaron que detendrían la distribución de bebidas en Ciudad Altamirano, una localidad del sureño estado de Guerrero, cundiera la preocupación entre sus habitantes. El motivo: las extorsiones del crimen organizado.
Roberto Álvarez, portavoz de seguridad del estado, explicó el miércoles que aunque Pepsi no ha aclarado por qué su distribuidor en la zona cerró durante el fin de semana, las autoridades no descartan la posibilidad “de que se trate de presiones que ejercen grupos delictivos que están en la zona obviamente para fines de extorsión, no lo vamos a negar”.
Y esa fue la razón del cierre de la planta de Coca-Cola en marzo.
Con las distribuidoras oficiales de las grandes empresas fuera de juego, residentes del lugar aseguran que son los grupos delictivos los que se encargan de permitir el paso a los transportistas que ellos quieren y que traen los refrescos de ciudades cercanas pero un 50% más caros.
